El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones Institucionales, Félix Bolaños, hace todo lo posible para evitar el debate, pero ya lo tiene sobre la mesa. En concreto, la reclamación para abolir la Audiencia Nacional y reforzar el sistema de control de los jueces para evitar que prevariquen. Así lo ha expresado formalmente, el portavoz de Justicia y en la Comisión Constitucional de Junts per Catalunya en el Congreso, Josep Pagès, en dos comparecencias celebradas este jueves y viernes, donde el ministro ha comparecido.
Pagès ha incorporado esta demanda en un paquete de reformas del poder judicial y del ministerio público aprovechando que Bolaños ha presentado su plan para mejorar la democracia y sobre la ofensiva legislativa para mejorar el servicio público de la justicia. Unas propuestas que, según ha expresado Pagès en la sesión celebrada hoy, «no llevan a ningún lado». Por eso ha recordado la «rebelión de los jueces con la amnistía» y la necesidad de «establecer un sistema de responsabilidad penal que haga que los jueces se lo piensen dos veces antes de delinquir» y «acabar con la impunidad de los jueces».
Sin respuesta
Especialmente intensa ha sido la comisión celebrada esta mañana, la Constitucional, donde Pagès ha denunciado la disputa entre socialistas, PP y Vox y «el espectáculo» que ofrecen en contraposición al debate político que hay en Cataluña respecto al proceso soberanista. Una ironía que los diputados no han acogido con mucho humor. En todo caso, Pagès ha calificado de «imprescindible eliminar la Audiencia Nacional» que ha definido como «un tribunal de excepción impropio de cualquier país democrático». Como medida, también exige que el catalán sea un requisito para ser fiscal o juez en Cataluña.
Bolaños ha replicado a Pagès que las medidas del gobierno de Pedro Sánchez sirven para «proteger la democracia». En cambio, ha obviado sus peticiones alegando que las propuestas de este tipo deben formularse en la comisión de Justicia. Así considera que «ahora no es el momento de hablar de ello y menos de manera precipitada» así como «que muchas no son adecuadas» y otras «se podrían estudiar». Por tanto, de momento, ha enfriado la propuesta, pero ha dejado las manos al diputado para instar las reformas en la comisión de Justicia.
