Se podría decir un choque paradójico. Una definición que se procede en la guerra sin cuartel que se ha despertado entre el poder ejecutivo y el alta magistratura española a raíz de la proposición de ley orgánica de amnistía que esta semana vivirá un trascendental debate. El nuevo frente es la filtración de los documentos que acreditan la negativa temporal de Suiza a tramitar la comisión rogatoria por terrorismo a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la macrocausa del Tsunami Democrático. La aparición de la negativa de los suizos a los medios antes de que llegara al juzgado ha puesto en la diana el ministro de Justicia, Félix Bolaños. La Guardia Civil ya investiga la filtración por un delito de revelación de secretos a través de agentes que solo pueden reportar los detalles de la investigación al juez instructor, y no a sus superiores del cuerpo.
El mecanismo de colaboración judicial es entre gobiernos, a través de los ministerios de Justicia respectivos. Es decir, la petición es del juez, pero el correo es el gobierno. El dato clave que utiliza el juez, y ahora también las acusaciones particulares personadas en el caso, es que la respuesta de Suiza llegó al Ministerio de Justicia español el 29 de diciembre. El 20 de febrero fue publicada en varios medios, en pleno debate con Juntos y ERC sobre la amnistía después de la negativa de los juntaires en el primer texto que se llevó al plenario del Congreso. Precisamente, este 20 de febrero fue la fecha en la cual el ministerio remitió la respuesta de Suiza al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de la instrucción del caso.
Pieza separada abierta
A la vista de todo, el pasado 21 de febrero el magistrado abrió una pieza separada de carácter reservado con la “finalidad de aclarar la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta por las autoridades suizas a la comisión rogatoria”. En concreto, el juez busca pruebas para acreditar la comisión del delito del 417 del Código Penal. En la interlocutoria del juez también se encargó a la Unidad Central Especial 3, del Servicio de Información de la Guardia Civil, la investigación de los hechos. Eso sí, con una condición muy clara: “Elidir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superior”. El juez deja claro que tienen que “reportar directamente los adelantos de la investigación a este magistrado instructor”.
El magistrado, pero no está solo en la acometida. La Asociación Dignidad y Justicia, personada en el caso como acusación popular, también ha pedido la investigación de los hechos, que califica de «graves». En el escrito presentado, al cual ha tenido acceso El Mundo, también resalta que la filtración tendrá «consecuencias para la instrucción». Así, concluye que la filtración de la respuesta suiza configura un delito de revelación de secretos. La voluntad, tanto del juez como de la fiscalía a la sombra que suponen las acusaciones populares, es asediar el responsable del ministerio encargado de la tramitación de las comisiones rogatorias internacionales: el ministro Bolaños. Un ministro que, por otro lado, es el máximo negociador de la ley de amnistía que esta semana vuelve a ocupar el protagonismo de la agenda parlamentaria.
