Casualidades judiciales y políticas. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha reabierto, finalmente, la pieza que había archivado desde julio de 2022 sobre la supuesta trama rusa del Proceso. Todo dentro de la causa Volhov. Un supuesto que El Món avanzó la semana pasada, al haber recibido el magistrado un informe de la Guardia Civil y un informe forense sobre la intercepción de los móviles de los implicados. De hecho, el juez mezcla, conducido por los agentes de información del instituto armado, las intervenciones de las comunicaciones y la documentación privada —sin ningún membrete oficial— confiscada en los registros de los domicilios de Víctor Tarradellas. A partir de aquí, el magistrado se muestra convencido de que el independentismo, con el presidente en el exilio Carles Puigdemont al frente, «preparaba un cambio de modelo económico a través de las criptomonedas».
El juez extrae, a raíz de los datos cogidos de las comunicaciones de los investigados, que Tarradellas, exjefe de relaciones internacionales de CDC, viajó a Moscú en septiembre de 2017. Por otro lado, el juez hace un doble salto mortal y relaciona su investigación con la del Juzgado de Instrucción 13, que abrió la causa contra el Proceso. En este sentido, recuerda que los allí procesados intentaban la creación «de un banco central catalán».
Un hecho que enlazaría, según el instructor, con la investigación de una entidad financiera que trabajara y pusiera en marcha una criptomoneda catalana en el mercado internacional. Pero el juez, en una interpretación muy extensiva de lo que califica «de abundante documentación», llega a relacionar los investigados, entre los que está, por ejemplo, el jefe de la oficina del presidente Puigdemont, Josep Lluís Alay, con los «servicios secretos rusos» y la extrema derecha alemana e italiana. Un galimatías que llega el día antes de que el Congreso apruebe la ley de amnistía.
Criptomonedas, espías y una guerra
«Este magistrado», asegura la interlocutoria», «ha revisado una parte importante de la abundante documentación que existe entre las diferentes piezas de la causa, y ha encontrado datos que identifican personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de estos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos». Ahora bien, el juez no identifica ni qué datos, ni qué nombres. El juez, además, relaciona al independentismo con la extrema derecha alemana e italiana y apunta la posibilidad que una Cataluña independiente fuera la excusa del Kremlin, con Vladímir Putin al frente, para iniciar una guerra contra la Unión Europea.
El juez aporta a la interlocutoria un informe, no policial, elaborado por Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP —tal y como avanzó El Món—, que hace un estudio profuso de las llamadas y de los terminales móviles confiscados por la policía que abonan, casualmente, la tesis del juez. En cualquier caso, Aguirre amplía la instrucción seis meses más atendida «la extraordinarísima complejidad de la causa».
