La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se ha quedado con un palmo de narices. Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias del gobierno español, se ha negado a entregar a los investigadores del instituto armado el listado de visitas que ha recibido, recibe o recibirá el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro penitenciario de Soto del Real, donde está encarcelado desde hace 22 días. De esta manera, se acaba el trámite de una polémica petición de los investigadores del caso Koldo que formularon esta inédita solicitud que hizo levantar las orejas a los abogados defensores del exdiputado socialista, Benet Salellas y Jacobo Teijelo.
La petición se dirigió primero a Instituciones Penitenciarias, que, a su vez, pidió su opinión al magistrado instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que se lavó las manos advirtiendo que era una decisión puramente administrativa. Y, por tanto, que fuese Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, quien decidiera si daba esta información. En una resolución, a la que ha tenido acceso El Món, de este 21 de julio, remitida al Tribunal Supremo, Ortiz informa que «deja sin efecto la petición» y que, por tanto, no la cumplirá.
Una extraña petición firmada por un capitán
Esta petición se comunicó la semana pasada y estaba firmada por el capitán que dirige la investigación judicial, en fecha de 3 julio, es decir, dos días después de que Cerdán ingresara provisionalmente por orden del magistrado Puente. De hecho, este martes la sala de apelaciones del Tribunal ha decidido celebrar la vista sobre si levantan la libertad provisional del exlíder organizativo del PSOE. La petición se fundamentaba en «el interés de las investigaciones en la causa”.
En este sentido, reclamaba que la Unidad “sea informada de las visitas que recibe el interno y si es posible con antelación que se produzcan”. En caso de que las visitas sean “imprevistas” y mencionaba expresamente las que fueran de abogados “se informe de la manera más breve posible”. Además destacaban que es “de interés cuándo y quién se hacen las visitas y no su contenido”. Los letrados pusieron el grito en el cielo porque era una petición que ponía «claramente en riesgo» el derecho de defensa y el secreto de la relación profesional entre abogado y procesado. Incluso, fuentes judiciales explican a El Món que se despertaron suspicacias por el hecho de que la Guardia Civil ya tenía esta información y la quería «blanquear» de alguna manera con una petición oficial, con el objetivo de ampliar los imputados en la supuesta «organización criminal» que investigan.
