La posibilidad de que en las próximas horas o días el PSOE llegue a un acuerdo con Junts sobre la amnistía, después del pacto ya sellado con ERC, ya hace días que ha puesto en guardia al poder judicial. Jueces, magistrados, ministerio fiscal y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han elaborado los sumarios contra independentistas, verdaderos protagonistas de la represión del Procés, buscan rearmarse y se ponen a la defensiva. Se ha incrementado lo que se conoce como
Al nuevo arranque de estos procesos se añade el movimiento de fondo de la parte más conservadora de la magistratura contra la posibilidad de una ley de amnistía. Este lunes, se ha convocado uno pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial a petición de ocho vocales para debatir y, si procede, adoptar una declaración institucional en relación con «la eventual amnistía». Una decisión que ha hecho ponerse las manos en la cabeza a Jueces por la Democracia, que critica esta convocatoria porque excede, y de mucho, sus competencias. Igualmente, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura también emitió un comunicado cargando contra esta ley. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en el ministerio público, ha pedido a la Unión Europea que intervenga en el Reino de España para evitar la promulgación de la amnistía.
El primer juicio de la causa del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona
En pleno contexto de la negociación para la amnistía, los tribunales no han dejado de trabajar. Al contrario, han acelerado procedimientos para obstaculizar, en lo posible, la aplicación de la eventual ley de amnistía. Las últimas semanas y días ha sido un verdadero goteo de decisiones, actuaciones y pasos que, más allá de cumplir obligaciones procesales, los negociadores ven como un elemento de presión política hacia el PSOE y los partidos independentistas que intentan tejer un acuerdo para mantener cuatro años más al socialista Pedro Sánchez en la Moncloa.
Una de las primeras pruebas de este acelerón fue la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de sacar adelante la vista oral contra Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, tres cargos de ERC. Un juicio que es un esqueje de la larga y densa instrucción de la causa madre del Procés, ubicada en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Los tres pasaron al TSJC por su condición de aforados. Este es un caso bastante curioso, porque la decisión de enviarlo a juicio y de elegir la prueba de la vista oral llegó después de las peticiones para que el presidente de la sala de lo civil y penal del TSJC, el poderoso Jesús María Barrientos, se aparte de la causa para evitar posibles nulidades del juicio, como ya pasó en el juicio a los miembros independentistas de la Mesa del Parlamento que presidía Carme Forcadell. Una petición que incluso reclamó la acusación popular de Vox para evitar sorpresas en un caso que se aguanta por los pelos.
El TSJC también será el encargado de ver el recurso, ya iniciado por todas las partes, de la sentencia de la Audiencia de Barcelona contra el ex consejero de Interior Miquel Buch y el sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà. Una sentencia que los condenó a altas penas de prisión e inhabilitación con el argumento de que, según los magistrados, habían prevaricado y malversado fondos para, a través del nombramiento de Escolá como cargo de confianza del consejero como tapadera, pudiera hacer de escolta del presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont.
Guardia Civil y Audiencia Nacional
En los últimos días, el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, respiró tranquilo. El jueves, el magistrado –que instruye la mayoría de causas del Procés en este tribunal
También García Castellón ha recibido, con cierta sorpresa, el atestado de la Unidad Central Especial del Servicio de Información de la Guardia Civil que contendría la descripción de los supuestos jefes de Tsunami Democrático, donde colocan a la secretaria general de ERC, Marta Rovira con el alias de
El Supremo y la Fiscalía
Por otro lado, la biosfera del Tribunal Supremo también se ha activado para apresurarse en determinados procesos sensibles para el independentismo. Así, el fiscal de sala del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, firmó el recurso contra la sentencia de condena contra los miembros independentistas de la Mesa del Parlamento que presidía Carme Forcadell, que considera demasiado leve. Un recurso donde el ministerio público no tiene ningún miramiento en criticar los jueces catalanes por débiles y con el que reprocha la pena mínima interpuesta a los condenados. Hay que tener presente que el juicio se tuvo que repetir por orden de Manuel Marchena al concluir que la composición del tribunal, con Barrientos de presidente, no había garantizado los principios de imparcialidad en la primera vista.
En la más alta instancia judicial española es donde se encuentra procesado el presidente Carles Puigdemont. Precisamente, el juez instructor del caso del Procés, Pablo Llarena, no ha dejado de lado su persecución a pesar del murmullo de fondo de la amnistía y el papel relevante en la posible investidura de Pedro Sánchez que ha tomado el presidente en el exilio después de las elecciones del 23 de julio. De este modo, lleva desde principios de octubre reclamando al equipo de defensa de Puigdemont que justifique si, en su recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha pedido la suspensión del suplicatorio después de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Quiere saber si puede o no tramitar las euroórdenes.
