El sumario del Tsunami Democrático no deja de ofrecer sorpresas por la cantidad de investigados que después de cuatro años no han sido ni imputados. Entre estos se encuentran el expresidente Quim Torra, los exdiputados Albano Dante-Fachín, David Fernàndez o Quim Arrufat, que ya no tenían ni escaño en el Parlamento, o guionistas de programas radiofónicos de humor. Pero la Guardia Civil también coló en el sumario a un grupo de empresarios y a la ex consejera y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí -alias
Los agentes de la Unidad Central Especial 3 del Servicio de Información de la Guardia Civil intentaron vincular a Ponsatí con el grupo Thinkcat. Una curiosa persecución a un chat de Signal de cinco empresarios –Ramir de Prorrata, Miguel Montero, Bernat Deltell, Albert Macià, el diputado de Junts y expresidente de la cámara de Barcelona Joan Canadell y Rafael Pous– donde también colocan a la exdecana de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona y expresidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. Un chat que, según la Guardia Civil, se tiene que definir como un «grupo de ideólogos que emulan la os centros de reflexión intelectual y lobbies internacionales sobre estrategias políticas y sociales».
El teniente coronel jefe del Servicio de Información del instituto armado, M-64905-Z, es el encargado de firmar un profuso atestado, al cual ha tenido acceso El Món, con el sello de «secreto», del 7 de noviembre de 2019, en el marco de la Unidad Especial de Policía Judicial por los Delitos de Terrorismo -TEPOL, donde recoge todas las conversaciones y las conclusiones de su análisis. En esta línea, los guardias civiles insisten en que las conversaciones conseguidas gracias a un software como el de Pegasus, y con la cobertura del titular del juzgado central de instrucción número 6, Manuel García Castellón, evidencian «la implicación activista e incuestionable de los investigados en las protestas».
«Piezas fundamentales»
Este informe se ha incorporado a las diligencias 85/19 del juzgado central de instrucción número 6, que junto con las 104/2017 y 99/18 alimentan varias causas contra el independentismo. De hecho, algunas han sido secretas durante más de cuatro años y podrían contener las conversaciones del famoso Estado Mayor del Procés así como de todos los líderes institucionales y civiles que participaron en la organización del referéndum del Primero de Octubre. En todo caso, los investigadores convencen al juez de que este grupo de empresarios, más Ponsatí y Paluzie, así como miembros de la organización de la Casa de la República de Waterloo, como Sergi Miquel, son «piezas fundamentales dentro del amplio panorama de movilización independentista».
En el mismo sentido, los acusan de participar y organizar «actividades directas y gravemente subversivas e insurreccionales que pretenden, como objetivo final, la independencia de Cataluña e instauración de una República, promoviendo directamente una permanente confrontación contra el Estado a diferentes niveles». Así mismo, explican al juez que esta participación directa está fundamentada en el hecho de ser personas «altamente cualificadas» por ejemplo, en campos como el «sector informático y de las tecnologías de la comunicación». En la misma línea, desgranan el papel que tendría cada uno de los investigados como tareas de enlace, informativa, o logística. Incluso los llegan a relacionar con los detenidos en la Operación Judas.
Para acabar, los analistas del instituto armado aseguran que «los investigados no solo interactúan entre ellos, sino que lo hacen con las más altas esferas políticas e institucionales catalanas, proclives y alentadoras del independentismo». Por ejemplo, en el caso de Ponsatí, que identifican como
