La Fiscalía Anticorrupción ha presentado el escrito de acusación por el espionaje a Luis Bárcenas, el extresorero del PP, por parte de miembros de la policía patriótica, conocida como Operación Kitchen. En su escrito presentado al Juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el ministerio público pide hasta 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por los delitos de malversación, encubrimiento y delitos contra la intimidad. El escrito de acusación también se dirige contra otros miembros del gabinete de Interior y de la dirección política del Cuerpo Nacional de Policía.
Así, el ministerio público reclama 19 años de prisión, 33 años de inhabilitación absoluta y 9 de especial para el comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo, por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y soborno. A Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, que fue el topo de la operación 12 años, cinco meses y 15 días de prisión, más 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta por los mismos delitos que Fernández Díaz. Para el exdirector Adjunto Operativo –máximo mando uniformado del CNP, 9 años de prisión y 21 de inhabilitación con el mismo argumento de tipicidad penal que al resto de encausados. Y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, 12 años de prisión y 21 de inhabilitación. Al exjefe de la División de Asuntos Internos del CNP, Marcelino Martín Blas, dos años y seis meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de encubrimiento. Al comisario en jefe de la UDACO, la división de inteligencia operativa del Cuerpo Nacional de Policía, Enrique García Castaño, 12 años y seis meses de prisión más 28 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos que el exministro y el exchófer de Bárcenas. Y a Andrés Manuel Gómez Gordo, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, le solicita 15 años de prisión y 48 años de inhabilitación absoluta.
Una larga instrucción
La acusación de los fiscales César de Rivas Verdes-Montenegro y Miguel Serrano llega después de una larga instrucción de un caso que supone un verdadero escándalo del uso de fondos y recursos públicos para operaciones parapoliciales. El caso implica el espionaje a Luis Bárcenas para poder obtener los famosos «papeles de Bárcenas», y evitar que los llevara al juzgado, donde había documentación contable comprometida de la formación popular. Un operativo que implicó a unidades de la policía altamente especializadas y el uso de fondos reservados para pagar incluso mesades de 2.000 euros en el mes al chófer de la familia Bárcenas para extraerle información o aprobarle una oposición a policía.
Este operativo supuso largos periodos de seguimientos y vigilancias, obtención de la información por canales irregulares y el encubrimiento general de toda la cúpula política del ministerio del Interior y del Cuerpo Nacional de Policía. En este sentido, fiscalía pide otras responsabilidades civiles a los acusados. Fiscalía retira la acusación contra el comisario José Luis Olivera, jefe de la UDEF y posterior director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, o los oficiales de policía como Bonifacio Díaz, alías Boni, o José Ángel Fuentes Gago, uno de los colaboradores más próximos de Villarejo.
