La Fiscalía de la Audiencia Nacional recorrerá contra la interlocutoria del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que acuerda dirigir la investigación sobre Tsunami Democrático contra el presidente al exilio y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y una decena de personas más al considerar que la causa sobre los disturbios que siguieron la sentencia del Supremo que condenó los líderes del Procés en otoño del 2019 tendría que ser instruida en Barcelona.
El ministerio público cree que los hechos no encajan en delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos, y a causa de la desaparición del delito de sedición, dos cuestiones de calificación jurídica que harían perder la competencia a la Audiencia Nacional. La reacción de Fiscalía ha llegado horas después de que el magistrado haya dictado esta interlocutoria y coincidiendo con las horas clave de la negociación entre el PSOE y Junts para investir Pedro Sánchez como presidente del gobierno español.
El ente fiscal ha remarcado que antes de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dictara esta interlocutoria, la Fiscalía de la misma Audiencia Nacional ya estaba preparando un informe en que pedía que la investigación saliera de este tribunal en atención a las informaciones policiales que consten a la causa.
Tsunami, un “grupo terrorista»
El magistrado considera en la interlocutoria de 34 páginas que hay bastantes indicios en el momento indiciario en que se encuentra la causa para considerar Tsunami Democrático, una «organización estructurada» y «jerarquizada» surgida el 2019 en protesta contra la sentencia del proceso, como un “grupo terrorista”. Además, interpreta que hay indicios de calificación para atribuir delitos de falsificación documental, daños y un delito de riesgo catastrófico. En este marco, el juez enmendado un delito innovador “desórdenes públicos terroristas”.
El juez Manuel García Castellón ha tomado la decisión pocos días después de recibir el informe de la Guardia Civil que situaba Rovira como coordinadora del movimiento y que fue muy activa en la investigación de apoyos institucionales bajo el alias de Matagalls. El informe de la policía española también menciona el empresario Oriol Soler, el ex consejero de ERC Xavier Vendrell, el diputado republicano Rubèn Wagensberg, el consejero de Òmnium Oleguer Serra, entre otros. Todos ellos han sido imputados, según fuentes judiciales.
