Hasta dos años de prisión. Esta es una de las penas que pide el fiscal por la comisión de un delito de odio en un caso muy sonado. Los implicados son media docena de ultraespañolistas que arrancaban lazos amarillos de solidaridad con los presos políticos y se dedicaban a poner váteres ante las puertas de casas de los que presumían que eran líderes independentistas. Unos actos que el ministerio público considera que son conductas «humillantes y que desprecian» a los destinatarios, cosa que identifica con el artículo 510.2 del Código Penal. Un artículo que castiga los que «lesionan la dignidad de las personas mediante acciones que comporten humillación, desprecio o descrédito» a un grupo por su ideología.
Este jueves, el juzgado penal 2 de Girona sentará al banquillo de los acusados Santiago Pulido, un conocido arranca lazos del grupo Segadors del Maresme, Alfonso Dueñas, que había sido vicepresidente de Mossos pes la Constitució, y cuatro personas más para celebrar un juicio que está previsto que dure dos jornadas. De hecho, la vista oral llega años después de los hechos y una vez ha acabado un largo camino procesal que incluyó un archivo de la causa, que posteriormente se reabrió. En concreto, se juzga una acción que supuso dejar lazos amarillos arrancados y dos tasas de váter en el domicilio de la pareja d‘Albert Donaire, entonces uno de los líderes de Mossos per la Independència, el siete de abril de 2019, en los días previos a su testifical en el juicio del Procés en el Tribunal Supremo.
Amenazas y coacciones
Donaire denunció que un grupo de desconocidos una noche le dejaron un váter con insultos homófobos y muchos lazos amarillos a la puerta de su casa. Todo ello con escritos como «eres una vergüenza para el uniforme» o «Alberto, para cuando el 24 vayas al Supremo», en referencia a su citación del 24 de abril ante el tribunal del Procés, donde había advertido que declararía en catalán. Donaire no se dejó amedrentar y denunció los hechos a través de su perfil de Twitter y recibió la solidaridad del presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, y el entonces inquilino de la Casa dels Canonges, el presidente Quim Torra.
Cinco años después, y a raíz de una tenaz lucha jurídica, el caso llega a juicio con el convencimiento del fiscal que se cometieron delitos de odio. Así, la fiscalía reclama penas de un año y nueve meses de prisión para la mayoría de los acusados, y dos años para Santiago Pulido, al considerar que ha cometido un delito continuado. La acusación particular aumenta en una persona más la lista de acusados y pide 3.000 euros de indemnización por daños morales. El caso, además, es complicado porque uno de los procesados, el mosso líder de la plataforma españolista Mossos por la Constitución, fue el encargado de encontrar la dirección de la pareja de Donaire presuntamente gracias a su condición de policía.
