Sorprendida, y con doble lectura, en el procedimiento 141/2012 del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, el conocido como caso Pujol. Según ha podido saber El Món, el magistrado instructor de la causa, Santiago Pedraz, ha admitido la retirada como acusación popular de la Sociedad Grand Tibidado, en liquidación, de un pleito que se arrastra desde hace más de doce años. La decisión de la «renuncia de la acción penal» ha llegado después de un cambio inesperado de la representación procesal y de abogado de la sociedad Grand Tibidabo, que ahora ha quedado en manos de Antonio Camacho Vizcaíno, exministro del interior del PSOE. Camacho es el hombre que, casualmente, sustituyó Alfredo Pérez Rubalcaba en la cartera del 12 julio 2011 al 22 diciembre del 2011. De hecho, había sido la mano derecha como secretario de Estado de Seguridad. Hace falta no olvidar que Rubalcaba fue el ministro que ascendió a comisario a José Manuel Villarejo.
La representación de Grand Tibidabo se personó como acusación popular por un dinero que se habrían desviado de la compañía y habrían ido a parar, a través de una comisión de Jordi Pujol Ferrusola, a la caja del diario, ahora ya cerrado,
Giro de guion
Pero el pasado mes de marzo, el juez recibió un escrito de la representación de la sociedad, con que solicitaba el cambio de procurador y abogado. La clásica defensa del bufete Mirabell Guerín de Grand Tibidado cedía a un ex hombre fuerte del ministerio del Interior la acusación popular contra los Pujol. La primera decisión del nuevo abogado, pero, fue presentar un escrito el pasado 10 de enero con que pedía al juez, sencillamente, «renunciar a las acciones penales y que se tuviera la sociedad por apartado del procedimiento».
El juez Pedraz, precisamente no muy rápido en sus decisiones, en solo cinco días ha dictado una providencia con que acepta en puridad la renuncia. La decisión gira como un calcetín a la acusación, a las puertas que el magistrado envíe a la sala las actuaciones para poner fecha al juicio. De hecho, desde su personación, la defiende letrada de los Pujol Ferrusola ya habían denunciado la carencia de legitimación y argumentos para ser parte en este procedimiento. Pero la sociedad continuaba haciendo trámites ante la Audiencia Nacional con escaso éxito o eficacia.
Camacho, que proviene de la carrera fiscal y ahora es abogado, ahora ha sido consciente, por un lado, de la debilidad de su posición legal y, por otra, de las operaciones que se podían haber llevado a cabo desde el ministerio del Interior, con determinados mandos policiales. De hecho, cuando fue nombrado por el entonces presidente español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, fue calificado de manera unánime «de veterano de Interior» – llevaba desde 2004- y «hombre de confianza de Rubalcaba».
