El juez instructor del caso del Procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no tiene prisa para activar las euroórdenes contra los integrantes del exilio, el presidente Carles Puigdemont y los consejeros Toni Comín y Lluís Puig. Así lo han indicado fuentes del alto tribunal en el acto solemne de apertura del año judicial celebrado este mediodía en Madrid. De hecho, las mismas fuentes avisan de que, de momento, no se volverán a activar estas euroórdenes a la espera de que se resuelvan todos los recursos, las denuncias y las recusaciones interpuestas por las partes investigadas. «Hasta que no haya una resolución judicial estable y sólida no se activará nada», indican las mismas fuentes.
Por otro lado, las mismas fuentes niegan que se alarguen los plazos para resolver los recursos de las partes, tal como algunas defensas han planteado. En este sentido, han dejado entrever que entre la semana próxima o, a lo sumo, la otra, se resolverá sobre los recursos de reforma interpuestos por las defensas por la negativa a aplicar la amnistía a raíz de la interpretación sobre el delito de malversación que Llarena considera no amnistiable. «Es una infamia decir que alargamos los plazos. Por ejemplo, el lunes la defensa de Marta Rovira todavía presentó un escrito replicando a una respuesta de Vox», explican desde la sede del Tribunal Supremo. «No hay retraso y, si lo hay, no es malicioso», añaden las mismas fuentes.
Esperando las euroórdenes
Desde el Supremo no quieren activar las euroórdenes hasta que el panorama procesal esté aclarado, incluso la situación de Comín y su inmunidad como europarlamentario. En este sentido, las fuentes del alto tribunal indican que la última vez que se activaron fue cuando lo TGUE retiró la inmunidad a Puigdemont, fue detenido en Cerdeña, lo dejaron libre y el mismo organismo europeo le volvió a dar la inmunidad. Por lo tanto, hasta que no se haya resuelto la situación de la amnistía, los recursos interpuestos y la denuncia contra el juez instructor al Consejo General del Poder Judicial no se emitirá ninguna otra euroorden.
Sobre todo, la prudencia de Llarena es sobre la base de los recursos de apelación que seguro que habrá después de los últimos recursos de reforma interpuestos que se resolverán en un máximo de quince días. De hecho, fuentes de Tribunal Supremo apuntan que el juez instructor no cambiará su versión sobre la malversación, como hace «doscientos años que ha hecho el Supremo» y, por lo tanto, tendrá que resolver finalmente la Sala Segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena. Una vez se resuelvan estas situaciones y las cuestiones de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, se calculará «la eficacia» de activar la euroorden.
