Las dudas generadas por el resultado del juicio de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils todavía continúan enredando procesalmente la causa. Y más después de la insistencia de la Guardia Civil en destruir las pruebas que sirvieron para la instrucción y la vista oral y que todavía están en un almacén. Una petición que fue rechazada el 29 de julio de 2024 pero que ahora se reabre, ante la sorpresa de los abogados. El equipo que defiende a los padres del pequeño Xavier, el niño de Rubí asesinado en la Rambla, Jaume Alonso-Cuevillas y Agustí Carles, ya ha recurrido la medida.
Por otro lado, el mismo juzgado de ejecutoria penal, finalmente, no ha hecho caso a la Abogacía del Estado y ha apoyado a la fiscalía con la solicitud de destrucción de un Seat Ibiza que permanecía en los almacenes policiales y que pertenecía a Omar Abouyaaqoub, padre de Younnes, el terrorista que entró en la Rambla con la furgoneta y provocó 17 muertos y decenas de heridos. La abogada del Estado reclamaba cautela a la Audiencia Nacional porque admitía que con la interposición de una demanda de vulneración de derechos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el caso no estaba cerrado. Finalmente, el vehículo será destruido.
Diez días otra vez
Ahora bien, el letrado de la administración de justicia adscrito al servicio de ejecutorias penales ha vuelto a abrir la caja de los truenos sobre el resto de pruebas que están bajo custodia de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil. El pasado 22 de octubre, la Audiencia Nacional dictó una diligencia de ordenación, donde reiteraba las peticiones del instituto armado para destruir las pruebas, como ya hizo el pasado mes de septiembre, el mes de junio de 2022 y el mes de junio de 2023. Con esta diligencia, el juzgado vuelve a dar diez días a las partes para que manifiesten su opinión sobre la petición.
Ahora el equipo de Alonso-Cuevillas ha vuelto a presentar un escrito aclarando la situación y recordando que el mes de septiembre la Audiencia Nacional acordó mantener las pruebas. En la misma línea, el equipo de los abogados de los padres del pequeño Xavi recuerdan que el seis de septiembre de 2024 se interpuso la demanda ante el TEDH. Un escrito que alegaba la vulneración de derechos fundamentales como la vulneración del derecho a saber la verdad. La demanda tiene por objetivo la condena del reino de España a llevar a cabo las «investigaciones judiciales necesarias para aclarar todos los hechos relacionados con los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017». En la misma medida, «adoptar las decisiones pertinentes que se deriven de esta nueva instrucción, y así reparar el daño producido por la insuficiencia de la investigación practicada en el procedimiento».
¿Y si es necesario revisar las pruebas?
«Resulta evidente, que en caso de que se acordara una nueva investigación de los hechos por parte del TEDH, no tendría sentido realizarla con las pruebas y evidencias del Sumario destruidas», razona el escrito de la defensa. En esta línea, el escrito presentado, al que ha tenido acceso El Món, es posible que a raíz del procedimiento ante el TEDH sería «necesario practicar nuevamente prueba sobre los efectos y evidencias que pudieran ser destruidos».
Asimismo, el escrito resalta la insistencia de la Guardia Civil en esta petición que extraña después de años guardando las evidencias. Además, la última petición y la diligencia coinciden con el inicio de los trabajos de la Comisión de Investigación en el Congreso sobre los atentados. Por tanto, la defensa considera que no es procedente la petición y que debe denegarse de nuevo su autorización. De hecho, es el mismo argumento que posteriormente, utilizó la misma abogacía del Estado que se opuso a la destrucción de cualquier prueba hasta que la ruta de la justicia europea no quede aclarada.
