Cerca de las diez de la mañana del próximo cinco de julio, miércoles de la semana entrante, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictará dos sentencias muy importantes para el exilio. No tanto por la resolución en si, sino por el contenido de sus razonamientos. En primer término, el TGUE sentenciará sobre la demanda interpuesta contra el Parlamento Europeo porque no defendió desde el primer momento la inmunidad de Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados electos cuando se emitió la tercera euroorden. La segunda resolución será por la demanda interpuesta contra la concesión del suplicatorio por parte de la Eurocámara, que retiraba la immunidad a Puigdemont y Comín y se añadía Clara Ponsatí.
A pesar de que la primera demanda se interpuso el 20 de febrero del 2019 y la segunda, el 19 de mayo del 2021, la magistratura europea lo ha querido resolver el mismo día. De hecho, celebraron las vistas en dos días consecutivos. La decisión de resolver el mismo día, pese a la diferencia de más de dos años entre una demanda y la otra, acredita como llegan a estar de relacionados los dos procesos, y como una resolución puede completar la otra. Incluso, se puede apuntar la posibilidad que una desestime las peticiones del exilio y la otra sea más favorable a las pretensiones de los líderes independentistas con acta de eurodiputado de Junts.
El tribunal tendrá que valorar muchos factores, como la competencia del Tribunal Supremo, o si el suplicatorio cumplió con todas las garantías. Es en este punto donde el exilio ha hecho un ejercicio profundísimo de investigación y ha localizado 59 casos de suplicatorios con puntos coincidentes con el que se recorre en que la petición fue desestimada. Sea como sea, las dos resoluciones son importantes, pero no modificarán el destino inmediato del exilio: todavía quedará una posibilidad de recurso en casación ante el Tribunal de Justicia de Unión Europea.
Ocho motivos y 59 suplicatorios
La demanda del 2019 tiene un único motivo y se basa a recriminar al entonces presidente, David Sassoli, no comunicar la defensa de la inmunidad en la Eurocámara. Un caso que todo indicia que podría tener una solución favorable en el Parlamento Europeo, porque el mes de enero del 2020 le otorgó finalmente la credencial de eurodiputados a Puigdemont y Comín.
La otra demanda fue interpuesta en 2021, cuando la comisión IURI decidió no mantener la inmunidad de los tres eurodiputados. La defensa alega ocho vulneraciones de derecho por su tramitación. El equipo legal del exilio, con Gonzalo Boye al frente, entiende que se han vulnerado derechos como por ejemplo el derecho a tener una resolución suficiente motivada en derecho; además, que no se tuvo presente la carencia de competencia jurisdiccional del Tribunal Supremo, derecho a la defensa y derecho a la tutela judicial efectiva durante el procedimiento. Así mismo, aduce que hay una violación de la seguridad jurídica y del principio de cooperación legal, del principio de buena administración y la vulneración de la doctrina de la comisión IURI en casos similares al del exilio.
Precisamente, es en este último punto donde es especialmente incisiva la defensa del exilio, en estos 59 casos donde el Parlamento Europeo dictaminó contra el levantamiento de la inmunidad y que son parecidas a los casos de los independentistas catalanes. De hecho, hay un caso que es extraordinariamente parecido. Es el caso Elena Yoncheva, de febrero del 2022. Una eurodiputada húngara denunciada por dos políticos de la oposición a la cual se le abrió una causa judicial. La Comisión Iuri entendió que el proceso se había abierto para perjudicarla políticamente. Un caso casi calcado. Por otro lado, uno de los puntos fuertes de la defensa es que el presidente de la comisión Iuri es Adrián Vázquez, miembro de Ciutadans y que se vanta de ser adversario de Puigdemont y de los independentistas, así como el ponente, un eurodiputado ultra y búlgaro Angel Dzhambazki.
Pase el que pase, pilota adelante
De todas maneras, las resoluciones del día 5 tampoco tendrán un efecto inmediato, ni mucho menos. En primer término, las dos sentencias todavía tienen una segunda instancia, ante el TJUE. «Siempre hemos ganado en casación, al TJUE», apuntan fuentes de la defensa de Juntos. Un nuevo recurso implica un plazo de dos meses y diez días, y con petición de medidas cautelares, que a su vez, pueden abrir otro procedimiento.
En caso de que se desestimaran las dos demandas, es decir, que las resoluciones fueran en principio desfavorables a los intereses del exilio, el camino procesal todavía se entrebanca más. El juez instructor del Proceso, Pablo Llarena, podría emitir otra euroorden, el día siguiente mismo, pero esto implicaría abrir un nuevo camino procesal ante la justicia belga, que ya se ha pronunciado a través del caso Lluís Puig. En todo caso, la situación más desfavorable solo podría comportar a los eurodiputados quedarse en Bélgica durante una semana, mientras llega la segunda parte, la justicia belga.
En este punto, la maniobra del exilio, además, es previsible, porque lo primero que podrían alegar ante la justicia belga es que se ha pedido una euroorden sin pedir un nuevo suplicatorio, porque Llarena ya retiró las anteriores. Además, tendrían que ser nuevas peticiones, y por tanto nuevo procedimiento, porque con la derogación de la sedición los delitos de la euroorden cambian y no valdría sostener la malversación, porque en la anterior euroorden era por un delito de sedición con concurso medial de malversación y no malversación como un solo delito. El algoritmo está claro: nuevo delito, nuevo suplicatorio.
Así que, sea como fuere, la justicia belga requeriría la petición de un nuevo suplicatorio para la nueva acusación. Es decir, en el peor de los escenarios todo continuaría igual, en un garbuix judicial y procesal, todavía más envuelto y con el horizonte de unas elecciones europeas a la esquina, el mayo del 2024. Y con un punto de más nada despreciable, puesto que, en la sentencia sobre las cuestiones prejudiciales de Lluís Puig, el TJUE dejaba claro que no se podían poner más requisitos para ser escogidos eurodiputados. Es decir, más zancadillas a los candidatos para recoger su acta en la Eurocámara.
