Fecha clave para el exilio, para el Procés y sobre todo, para la justicia española. La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la inmunidad del presidente Carles Puigdemont y los consejeros Clara Ponsatí y Toni Comín se hará pública el miércoles 5 de julio a las nueve y media de la mañana. Se trata de dos resoluciones consecutivas. Por un lado, sobre la negativa del Parlamento Europeo a defender la inmunidad de los tres eurodiputados de Lliures per Europa y la otra, sobre la inmunidad que ostentan los tres en el proceso judicial dirigido por el Tribunal Supremo en el entorno del referéndum del Primero de Octubre.
La vista de las dos resoluciones se celebró los pasados 22 y 23 de noviembre. Uno de los puntos fuertes de la defensa es que en julio pasado los mismos magistrados del TGUE ya sentenciaron que tanto Puigdemont como Comín eran eurodiputados desde el 13 de junio de 2019. Es decir, obtuvieron el acta a plenos efectos cuando se hizo oficial la lista de eurodiputados españoles electos, a pesar de que no pudieron tomar posesión efectiva del cargo hasta el 12 enero de 2020. Además, aportan la reciente sentencia del Tribunal Constitucional donde los mismos magistrados españoles admiten que ya son eurodiputados de pleno derecho porque se lo ha reconocido la instancia legislativa europea. Todavía quedará un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Defensa de la inmunidad
La primera resolución tiene que resolver la demanda concreta de Puigdemont y Comín, apenas celebradas las elecciones europeas. Los dos plantearon la demanda contra el entonces presidente del Parlamento Europeo, el ya traspasado David Sassoli, por rechazar la petición de protección de inmunidad que presentó la eurodiputada de ERC Diana Riba en nombre de ellos dos. El objetivo es anular la decisión de Sassoli de descartar la defensa de su inmunidad como eurodiputados ante las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) emitidas por el juez instructor del Tribunal Supremo español en la causa del Procés, tanto el 14 de octubre como el 4 de noviembre de 2019, justo después de la sentencia del 1-O. El abogado de la Unión durante la vista alegó que el Europarlamento había sido «generoso» con los eurodiputados cuando les entregó el acta en enero de 2020.
La otra sentencia tiene que decidir sobre la nulidad de los suplicatorios acordados por el Parlamento Europeo a raíz de la petición del juez instructor del Procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. El abogado Gonzalo Boye insistió a la presidenta del tribunal en la tesis de que las euroórdenes provienen de una “persecución política”. De hecho, recordó las reformas del Código Penal español sobre la derogación de la sedición y las declaraciones de los políticos impulsores de la reforma que argüían que el objetivo era poder capturar a Puigdemont y al exilio y poderlos extraditar en España.
