El Tribunal Constitucional comenzará su actividad este septiembre con una agenda bastante densa. El pleno del 9 de septiembre es la fecha asignada para empezar uno de los debates más importantes que puede cambiar la orientación de la legislatura tanto en Cataluña como en España. Los magistrados iniciarán el procedimiento para valorar si levantan la orden estatal de detención del presidente en el exilio Carles Puigdemont, ordenada por el juez instructor de la causa del Procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
Será a las diez de la mañana del 9 de septiembre, cuando los togados deben admitir a trámite definitivamente el recurso de amparo presentado por Puigdemont contra el rechazo del Supremo a aplicarle la amnistía. Pero, más allá del recurso, los magistrados deben decidir si abren una pieza separada de levantamiento de las medidas cautelares, es decir, la orden de detención que le impide el regreso a Cataluña, que solicitan en el recurso. La ponente encargada del caso es la magistrada y catedrática de Derecho Constitucional, experta en derechos fundamentales, Laura Díez, quien deberá dictar la providencia sobre la apertura de la pieza separada y sobre la admisión a trámite del recurso.
Semana intensa por el Procés
Pero el trabajo alrededor del independentismo en la reentrada del trabajo del TC no termina con Puigdemont, ni mucho menos. Los magistrados también valorarán el recurso de amparo interpuesto por el conseller de Cultura en el exilio, Lluís Puig, que también ha reclamado el levantamiento de las medidas cautelares, de la misma manera que los togados también analizarán el recurso de Toni Comín. Ahora bien, los ponentes serán diferentes. Para el caso de Puig, el encargado del caso será César Tolosa, del sector conservador, y para Comín, Enrique Arnaldo, progresista.
El debate del plenario del 9 de septiembre también entrará de lleno en los recursos de amparo de los condenados y no amnistiados. Así los magistrados entrarán a debatir en «avocación», es decir, presentación del caso de la negativa a aplicar la amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, y de la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa. Sus casos corresponden a la mesa de Concepción Espejel, del sector más ultra del alto tribunal. En el caso de Junqueras, el fiscal del Tribunal Constitucional ya se opuso a aplicar la amnistía y retirar la inhabilitación temporalmente mientras se decide el recurso, alegando que no hay ninguna convocatoria electoral a la vista que afecte sus derechos políticos.
