Comienza la recta final del proceso jurisdiccional y político para la aplicación de la amnistía. El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en el pleno de la próxima semana si admite a trámite el recurso que presentó el exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya y líder de ERC, Oriol Junqueras, contra la decisión de la sala penal del Tribunal Supremo (TS) de no aplicarle la ley de amnistía.

En la agenda del orden del día del tribunal, añaden en el mismo punto la deliberación para la admisión a trámite de los recursos interpuestos por los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa. Los tres recurrieron contra la decisión de la sala penal de no aplicarles la ley del olvido penal para los independentistas. De hecho, fueron dos resoluciones, la del primero de julio, que se ratificó el 30 de septiembre, con una resolución en la que el tribunal confirmó su decisión al rechazar sus recursos de súplica contra la decisión.

César Tolosa, uno de los magistrados elegidos por unanimidad en el pleno extraordinario del CGPJ, el 27 de diciembre de 2022 | Europa Press
César Tolosa, uno de los magistrados elegidos por unanimidad en el pleno extraordinario del CGPJ, el 27 de diciembre de 2022 | Europa Press

Un conservador, ponente

El encargado de redactar el borrador de la providencia sobre la admisión a trámite de los recursos de Junqueras y Romeva es el magistrado del ala conservadora César Tolosa. Por su parte, el presidente del Tribunal y adscrito al lado progresista, será el ponente sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa. Los tres recursos comparten argumentario en tanto que consideran que la decisión del Supremo vulneró sus derechos fundamentales.

Básicamente, el tribunal alegó para impedir la aplicación de la amnistía que el tipo de malversación a la que fueron condenados quedaba excluida de la amnistía. Según su criterio, los tres consideraron que sí obtuvieron un beneficio personal y que sí afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. En todo caso, ahora comienza un recorrido en el Tribunal Constitucional que puede alargarse un año como máximo teniendo presente que los magistrados ya tienen sobre la mesa las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Tribunal Supremo por otras causas relacionadas con el Proceso.

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