La sala penal del Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por delito de revelación de secretos a 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado. Aunque la sentencia aún está pendiente de redacción, ya se ha comunicado el veredicto a las partes implicadas. En todo caso, la sentencia ha abierto una brecha dentro de la sala penal que ha obligado, incluso, a cambiar de ponente de la resolución, porque la magistrada nombrada, Susana Polo es contraria a la condena, que firma un voto particular con la magistrada Ana Ferrer. El encargado de redactar la sentencia será el presidente de la sala Andrés Martínez Arrieta.
En todo caso, la magistratura considera que de la prueba practicada se debe condenar a García Ortiz por un delito del 417.1 del código penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años. Incluso, lo condena al pago de las costas procesales y se añaden las de la acusación particular. También decretan una responsabilidad civil de 10.000 euros por daños morales a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, víctima de la ya sentenciada revelación de secretos.
Una condena sin fiscalía
La Fiscalía no acusaba. En todo caso, las acusaciones iban a todas por una supuesta revelación de un correo donde el abogado de González Amador ofrecía un acuerdo a la fiscalía para evitar la prisión reconociendo la autoría de tres delitos fiscales. La acusación de la pareja de Ayuso solicitaba 4 años de prisión, 3 años de suspensión de sueldo y empleo, inhabilitación, una multa de 108.000 euros y una indemnización de 300.000 euros por daños morales. Se añadían las acusaciones populares. En este caso, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-muy conservadora-, representada por Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, reclamaba más pena, ampliando la acusación con el cargo de prevaricación. Así, quieren que le impongan 6 años de prisión y 12 de inhabilitación.
En cuanto al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), pedía cuatro años de prisión, tres de suspensión, inhabilitación y una multa de 81.000 euros. La entidad que muchas veces actúa como fiscalía en la sombra, el parasindicato Manos Limpias, con Víctor Soriano de letrado, exigía la misma pena de prisión y suspensión, además de una multa de 216.000 euros. Y la acusación popular unificada integrada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír -de extrema derecha- reclamaba 4 años de prisión, 3 años de inhabilitación.
