El general Sunzi, en su evocadísimo libro El arte de la guerra, recomendaba un curioso algoritmo para enfrentarse a los enemigos según las fuerzas de los ejércitos con los que se batallaba. Si el enemigo era más pequeño, proponía batallar de manera rápida y ganar sin entretenerse. Si el enemigo era igual, planteaba batallar o negociar. Pero, si el enemigo era superior, su idea era irritarlo. Y este último consejo parece ser el elegido por parte del PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez en su guerra con la judicatura. Pero algunos historiadores recuerdan que Sunzi no habría ganado ninguna guerra y algunos, más atrevidos, apuntan que ni siquiera existió.
De momento, los socialistas han irritado al poder judicial, o al menos a sus órganos de representación y su gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todo ello, no solo por la batalla ideológica que se inició hace meses, sino ahora por las críticas airadas de varios portavoces de la formación y del gobierno de Sánchez, como el ministro de Transportes Óscar Puente, a los togados. Sobre todo, tras la decisión del magistrado del Tribunal Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de imputar a José Luis Rodríguez Zapatero y del titular del Tribunal Central de Instrucción 5, Santiago Pedraz, de abrir diligencias por una presunta cloaca del PSOE que supuso la entrada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la emblemática sede de la calle Ferraz.
Las dos decisiones coinciden con el juicio al hermano de Sánchez, David Sánchez, y el inicio inminente del juicio de la esposa del presidente español, Begoña Gómez. Además, hay que añadir la continuación del caso contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán por comisiones a cambio de adjudicaciones y la sentencia pendiente por el caso Mascarillas, en el que se ha juzgado al exministro. Desde la política se ha llegado a calificar las iniciativas de los jueces de la Audiencia Nacional de lawfare. Y el CGPJ ha saltado como un resorte y ha emitido un comunicado cargando contra el intento de «desprestigio» de las togas. Un comunicado contundente, pero que aún ha sido superado por lo que han dicho las asociaciones de jueces, magistrados y de fiscales mayoritarios del colectivo -excepto Jueces para la Democracia-, que ven «insuficiente» la respuesta del CGPJ a los «ataques» y a la «presión» que han recibido.
Respetar la independencia judicial
El comunicado del Poder Judicial remarca «la necesidad de respetar la independencia del poder judicial», ante el «desprestigio» que padecen por parte de «altas instituciones del Estado». El pleno del CGPJ ha aprobado una declaración institucional con la que muestra su preocupación «por las declaraciones» de los «dirigentes de instituciones estatales de alto nivel que cuestionan la independencia, la responsabilidad y la adhesión a la ley» de varios «procesos judiciales».
Unas declaraciones que, a su parecer, «contribuyen a erosionar la confianza pública en el estado de derecho». Asimismo, considera que «la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho a la defensa son los pilares sobre los que se fundamenta el estado de derecho». El texto se queja de que este tipo de declaraciones «debilitan los fundamentos de una sociedad democrática avanzada», y critica la instrumentalización de «la actividad judicial». De ahí que pida respetar las decisiones judiciales al resto de poderes. «Un respeto que no es compatible con el desprestigio de la función judicial o la atribución a esta de objetivos ajenos a la garantía del estado de derecho y de las libertades de los ciudadanos».
Las asociaciones se quedan con hambre
Por su parte, una declaración firmada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), han pedido más contundencia al CGPJ. «La falta de acción firme por parte de nuestro órgano de gobierno es especialmente desalentadora, como también lo es el silencio del CGPJ ante estas informaciones», señalan. De hecho, recuerdan que el juez Pedraz investiga una trama que presuntamente buscaba información delicada de jueces y fiscales para frenar causas judiciales contra el PSOE.
«Esperábamos que el CGPJ estuviera a la altura en este caso, cumpliendo su papel constitucional como defensor y garante de la independencia judicial», añaden. También lamentan «la falta de respuesta de la Fiscalía General, que no ha cumplido su deber legal de defender la independencia judicial». Las asociaciones firmantes avisan que ahora esperarán el resultado de los procedimientos en curso y «tomarán las medidas que consideren oportunas a nivel estatal y europeo, en interés no solo de los jueces y magistrados directamente afectados, sino también de todos los miembros de la judicatura». La guerra está servida.
