Entre bomberos evitaremos pisarnos la manguera, pero cada uno debe apagar el fuego que le corresponde. Este es un principio básico de las estructuras clásicas para prolongarse en el poder o en la perpetuidad. También entre el poder judicial y su primo hermano, el Tribunal Constitucional, un organismo al margen del poder jurisdiccional, pero que mantiene un debate continuo con los tribunales ordinarios a través de los recursos de amparo. Y más después de la batalla soterrada que mantienen desde hace tiempo entre la sala penal y la contenciosa administrativa del Tribunal Supremo con la mayoría progresista que rige en el Tribunal Constitucional sobre la aplicación e interpretación del Código Penal. Los casos de los ERE de Andalucía, en los que el TC enmendó la plana al Supremo, y de la amnistía son dos ejemplos claros de la batalla. O bien, en los casos que acechan al PSOE, con el entendido de que hay que tener presente que si los jueces son «independientes, también deben ser imparciales».
Así lo ha dado a conocer el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido Tourón, este jueves en las tradicionales Jornadas Jurídicas de Sarria, en Galicia, que este año llegan a la 19ª edición y que tenían por título La justicia que tenemos frente a la justicia que necesitamos. Un espacio donde Conde Pumpido ha aprovechado para poner los puntos sobre las íes en los tribunales ordinarios y también para delimitar el trabajo del Tribunal Constitucional. Todo en un marco especialmente enturbiado por el asedio judicial al PSOE, acusaciones de lawfare y quejas tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como de las asociaciones de jueces y fiscales. A todo esto hay que sumar que quedan pocas semanas para que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la ley de amnistía.
De hecho, esta sentencia también planea en los ambientes judiciales en lo que seguramente será un episodio de alta tensión entre Supremo y la magistratura constitucional recordando los límites de los tribunales ordinarios con el TC y el concepto de la «imparcialidad». Si el TJUE se pronuncia en el mismo sentido favorable que el abogado general del TJUE, Daniel Spielman, el TC tendrá que resolver sobre los recursos de amparo presentados por la inaplicación de la amnistía de los ex presos políticos y condenados así como de los aún procesados en instrucción por el mismo Tribunal Supremo.
«Profundamente vinculados a la justicia»
Conde-Pumpido ha pronunciado una conferencia en su intervención, el presidente del TC ha defendido la función del tribunal como «profundamente vinculada a la justicia». Un concepto que, según su criterio, implica que «sea fuerte, pero no expansivo; accesible, pero no una tercera o cuarta instancia revisora de toda controversia; garante de los derechos, pero respetuoso con el ámbito propio de la jurisdicción ordinaria y consciente de su autoridad pero también de sus límites».
Para Conde Pumpido, el Tribunal Constitucional, «como garante e intérprete supremo de la Constitución y protector de los derechos fundamentales, tiene la tarea de garantizar que los tribunales ordinarios, la ley y las actuaciones de las autoridades públicas se mantengan dentro del marco constitucional». En este punto ha querido incidir en la compleja relación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Una relación que «debe basarse en un principio esencial: la protección de los derechos fundamentales es una responsabilidad compartida». «El Tribunal Constitucional interviene como último recurso, solo en aquellos casos en que hay pruebas de una vulneración de relevancia para el sistema constitucional». Es decir, que aunque no sea una última instancia sí tiene el poder de corregir a los tribunales ordinarios cuando consideran que se han vulnerado los derechos de los procesados.
En este sentido, Conde-Pumpido remarca que el TC debe «preservar la fuerza normativa de la Constitución ante dos riesgos opuestos». Por un lado, «el de laminar los derechos mediante una deferencia excesiva hacia el legislativo o la Administración»; y por otro, «el de sustituir indebidamente poderes legitimados democráticamente». «La jurisdicción constitucional debe ser firme a la hora de garantizar los derechos y prudente en el ejercicio de su autoridad, con los límites de su intervención establecidos por la Constitución», añade. «No es su papel imponer soluciones, sino respetar la libertad de elección que el legislativo puede ejercer dentro del ámbito permitido por la disposición constitucional», ha destacado en su discurso. Desde una perspectiva constitucional, Conde-Pumpido ha defendido «un poder judicial que sea independiente, imparcial, accesible, bien razonado, comprensible, oportuno y orientado a la protección efectiva de los derechos fundamentales», porque más allá de un servicio público es una de las condiciones del estado de derecho.
«Imparcialidad»
«Donde no hay una protección judicial efectiva, los derechos desaparecen», ha alertado Conde Pumpido. Siguiendo este hilo ha recordado que «donde la justicia se retrasa, no es imparcial, es incomprensible o se percibe como inaccesible, los ciudadanos pierden la confianza en los tribunales y pierden la confianza en la fuerza normativa de la Constitución». Para el presidente del TC, «el sistema judicial debe estar preparado para resolver nuevos conflictos sin perder su fundamento en principios permanentes». Por este motivo, insiste en que «el papel interpretativo del Tribunal Constitucional es crucial para promover la aplicación evolutiva de la Constitución, fomentando la evolución y el desarrollo de los derechos fundamentales para adaptarlos a la realidad social del momento en que deben aplicarse».
También ha expresado su preocupación por lo que respecta a la confianza en el sistema judicial, «dado que la independencia judicial es un requisito indispensable del estado de derecho y debe ser reconocible para el público». «El poder judicial no solo debe ser independiente, sino también rigurosamente imparcial», ha subrayado. «La independencia protege al juez del ejercicio del poder; la imparcialidad protege al ciudadano del juez», argumenta. Para lograr la «confianza» de la ciudadanía con la justicia, sin embargo, recomienda «resoluciones bien fundamentadas, mediante instituciones ejemplares que respeten el pluralismo interno dentro de los órganos colegiados, mediante el respeto mutuo entre jurisdicciones, mediante la aplicación fiel de las sentencias y mediante órganos constitucionales que se renueven a tiempo y forma con una justicia que no se perciba como patrimonio de especialistas, sino como garantía común de ciudadanía».
