Al Departamento de Interior se le ha atragantado la aplicación de la ley de amnistía. En concreto, sobre las sanciones impuestas por los Mossos d’Esquadra por aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza. En una respuesta parlamentaria al diputado de la CUP Xavier Pellicer sobre los importes devueltos a los sancionados que podían acogerse a la ley del olvido penal para el independentismo, la consejera del ramo, Núria Parlon, describe los quebraderos de cabeza administrativos que les ha acarreado.
Según Parlon, la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS), encargada de la tramitación de las sanciones administrativas de la policía, estableció un protocolo para afrontar la amnistía. Un sistema de resolución de expedientes «de apreciación de la amnistía así como de la devolución, si procede, de los importes abonados», en un plazo máximo de dos meses. Así, la consejera afirma que la DGAS ha tramitado en un período inferior a los dos meses el 80% del total de las peticiones recibidas. En cambio, respecto al 20% restante, han sido resueltas en un período de tiempo ligeramente superior a los dos meses.
Problemas de organización
Un retraso que, según Parlon, obedece «en gran manera, a cuestiones de organización internas derivadas de cambios de personal y actualización de circuitos». De hecho, las resume en el concepto de «cuestiones procedimentales». «Todas las solicitudes de apreciación de la amnistía registradas han sido estudiadas y valoradas de forma individualizada, con la finalidad de determinar si cumplían los requisitos objetivos establecidos en la ley y basándose, únicamente, en los criterios objetivos que esta determina», asegura la consejera. «En ningún caso, en virtud de los principios antes mencionados y como administración pública, se realizan valoraciones de carácter subjetivo», añade en respuesta a las dudas generadas en la CUP sobre si se llevaba a cabo algún «tipo de consideración subjetiva respecto a la devolución de las sanciones».
En cuanto a las cifras detalladas de la devolución de las sanciones, de las «49 solicitudes individualizadas de apreciación de la amnistía, 22 han sido estimadas, de las cuales 21 han conllevado también la devolución del importe de la sanción». A pesar de ello, la explicación de Parlon reconoce que el procedimiento para hacer efectiva esta devolución «no está sujeto a un procedimiento específico» previsto en la ley de amnistía, por lo tanto, se debe seguir el procedimiento ordinario establecido para la devolución de los ingresos indebidos.
Un proceso largo
Y de ahí viene el problema, según Parlon, porque este procedimiento conlleva varias fases como un «informe preceptivo de fiscalización y el cálculo de los intereses a devolver con la cantidad inicial, entre otros». «Por lo tanto, el tiempo empleado para hacer efectiva la devolución de los importes de las sanciones deriva de los mismos plazos del procedimiento ordinario de devolución de ingresos indebidos», admite la consejera. «La DGAS aplica la ley de amnistía tal como está regulada», añade
En este sentido, el departamento remarca que puso en marcha inmediatamente varios mecanismos para aplicar la amnistía con la incorporación de personal exprés y teniendo presente que el sistema de gestión informatizada de las sanciones no permitía saber si las sanciones se habían pagado, si el abono había sido voluntario o en vía de apremio. De hecho, celebraron incluso dos reuniones con Òmnium Cultural para ver la evolución de la amnistía. En todo caso, una vez que la ley fue avalada por el Tribunal Constitucional se impulsó una campaña para orientar e informar a los ciudadanos que podían reclamar los importes pagados por multas y sanciones.
«En definitiva, legal y técnicamente, la declaración de los hechos amnistiables requiere la solicitud del particular sancionado», asegura la respuesta. «En cualquier caso», aduce Parlon, «hay que decir que no ha habido ninguna queja de ciudadanos que manifiesten que se han enterado tarde o que no encuentran la información para solicitar la declaración de amnistía de las sanciones de la Ley».
