Cambio de etapa. Después de años y años de críticas desacomplejadas al independentismo o a las leyes o decisiones que suavizaban la represión al independentismo, este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha cambiado el contenido y el tono. Ha sido en la tradicional ceremonia de apertura del año judicial, donde en los últimos años, el ya expresidente, Jesús Maria Barrientos, aprovechaba su discurso, casi todo en castellano, para cargar contra el independentismo y dejando que el TSJC se convirtiera en uno de los símbolos de la represión española.

Este año, la ceremonia celebrada este mediodía en el Palacio de Justicia de Barcelona, se ha parecido a las de los últimos como un huevo a una castaña. De hecho, el TSJC abría su actividad —oficialmente— con una nueva presidenta, Mercè Caso. La magistrada ha evitado cualquier referencia política, ha hecho todo el discurso en catalán —excepto una breve máxima de Immanuel Kant—, ha reclamado a los jueces más transparencia con la prensa y ha citado “Incerta Glòria” de Joan Sales, una obra magistral de referencia en el mundo del soberanismo. Aun así, Caso, en su papel más institucional ha reclamado más “recursos” para los tribunales, en sintonía con el Fiscal Superior de Cataluña, el tortosino Francisco Bañeres.

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, en la cerimònia d'obertura de l'any judicial d'aquest migdia/Jordi Borràs/ACN
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en la ceremonia de apertura del año judicial este mediodía/Jordi Borràs/ACN

35 plazas judiciales más

Caso, que tenía al consejero de Justicia, Ramon Espadaler, en primera fila así como varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha reclamado de forma urgente que Cataluña tenga, al menos, 35 plazas judiciales más, de las 187 que considera necesarias. En su discurso, Caso ha detallado que estas 35 plazas “deberían crearse no en diciembre de 2026, sino ahora, y esta creación no puede depender de circunstancias políticas ajenas”. En el mismo acto, tanto ella como el fiscal superior han pedido al Departamento de Justicia que mejore la tecnología en los juzgados, sobre todo en los penales, que consideran que está bastante más atrasada que en otras zonas del Estado con las competencias transferidas.

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