El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, se ha impuesto frente al sector ultraconservador. Conde-Pumpido, que quiere avanzar rápidamente y concluir las primeras resoluciones sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía antes del verano. Así ha rechazado la petición de suspender el debate sobre la ley del olvido penal para el independentismo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre cuestiones prejudiciales planteadas por diversos órganos judiciales.
De esta manera, cierra la puerta a la petición de tres magistrados, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, que solicitaban un debate específico sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial al TJUE y paralizar la discusión de fondo sobre la amnistía hasta que haya pronunciamiento europeo. Una decisión del magistrado progresista «después de consultar» a la vicepresidenta Immaculada Montalban que, además, es la ponente del recurso contra la ley de amnistía.
No corresponde
El acuerdo impulsado por Conde-Pumpido concluye que no procede un debate prematuro sobre la presentación de una cuestión prejudicial, separado de la deliberación principal sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP. En este sentido, también se deniega la suspensión de ese mismo debate de fondo hasta que no haya resolución del TJUE. El acuerdo argumenta que la función de control de constitucionalidad que debe realizar el TC es y debe ser «independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica». En este contexto, el sector más progresista del Tribunal insiste en que en el curso de la deliberación del recurso se pueden formular las manifestaciones y proposiciones que los magistrados estimen procedentes, como es precedente en este tipo de recursos.
