La ofensiva de los jueces conservadores contra la amnistía sigue su curso. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts per Catalunya para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno español, un primer pronunciamiento en que denuncia que, si se aprueba una ley en este sentido, supondría «la abolición» del estado de derecho en España. Los magistrados han conseguido 9 votos a favor del texto, 5 en contra y 1 en blanco.

«El Consejo General del Poder Judicial exprés con esta declaración su intensa preocupación y desolación, por lo cual la proyectada ley de amnistía supone de degradación, si no de abolición, del estado de derecho en España, que a partir del momento en que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España«, alerta. «Utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política constituye una perversión del régimen constitucional», añaden los magistrados del consejo en una nota difundida a los medios de comunicación.

«Objeto de marketing al servicio del interés personal»

El CGPJ critica que responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales para que un aspirante a presidente del gobierno español pueda conseguir el «beneficio personal y político». En este sentido, señala que el acuerdo de Pedro Sánchez con formaciones como Esquerra -todavía no ha cerrado ningún acuerdo con Junts sobre la medida de gracia- supone «degradar» el estado de derecho y convertirlo en «objeto de marketing al servicio del interés personal».

El secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE / Europa Press

Así mismo, los jueces añaden que la amnistía «supone generar una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos el que, si no se justifica en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución».

Finalmente, los jueces denuncian que una ley de amnistía convertirá esta independencia de los tribunales en una «quimera» y también alertan que una ley de perdón colisionar con los tratados firmados por España y dañar su reputación de España al contexto de la Unión Europea. «El riesgo que llegue el momento en que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado qué no cumple sus principios tendría que estar muy presente, en este momento crítico», concluye la declaración.

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