El juicio a Lluís Puig en el caso de las obras de Sixena comienza accidentadamente, en la misma tónica de todo el procedimiento. El tribunal, presidido por el mismo presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha iniciado la vista dejando constancia de que las autoridades belgas no permiten la declaración por videoconferencia como acusado de Lluís Puig, pero la defensa, ejercida por Jaume Alonso-Cuevillas, no ha aceptado esta constatación como un simple trámite y una circunstancia insalvable. Según Cuevillas, la clave está en la palabra «todavía» que consta en la respuesta belga. «Lo que dicen es que ha cambiado la legislación y que no están en condiciones todavía de garantizar, por una cuestión de medios, el derecho de defensa en una declaración por videoconferencia en un juicio, pero más adelante sí que podrán hacerlo, por lo que el juicio debería suspenderse y realizarse más adelante», ha reclamado. Ante esta petición y otras cuestiones previas, el tribunal ha decidido suspender la vista durante un cuarto de hora para decidir qué respuesta daba. Sin embargo, la petición de Cuevillas ha sido desestimada, alegando que no se recurrió en su momento, y la vista ha continuado adelante, a pesar de la protesta de la defensa, que ya había advertido que cree que la continuación de la vista en estas condiciones generará una causa de nulidad.
El conseller de Cultura en el exilio es juzgado bajo la acusación de desobediencia, un delito que, en caso de condena, no implica ninguna pena de prisión. Por eso el juicio se podría hacer en su ausencia, solo con la presencia en la sala de su abogado. Pero el letrado considera que no se cumplen los requisitos porque más adelante podría intervenir por videoconferencia.
La fiscalía le reclama una multa de 6.000 euros. En cambio, la acusación particular del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena pide al tribunal que imponga a Puig una multa de 99.000 euros y una inhabilitación durante dos años, lo que afectaría su actual escaño en el Parlamento de Cataluña.
Duro enfrentamiento entre el abogado del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena y el presidente del TSJC
La petición de suspensión de Cuevillas no ha sido la única cuestión previa presentada. La acusación particular del Ayuntamiento de Vilanova ha sorprendido a la sala con una confrontación hostil con el tribunal, al que ha acusado de limitar su derecho a la defensa y el abogado ha asegurado incluso que tiene «miedo» de expresarse con libertad. Por ello anunciaba que quería pedir un cambio de tribunal, pero añadía que sabía que no se lo concederían y que, por tanto, se lo reservaba para una posible petición de nulidad a posteriori. Barrientos, tras la deliberación, ha leído el párrafo de una interlocutoria que es lo que indigna a la acusación particular. Se trataba de un punto en el que se les reclamaba «lealtad procesal». Un párrafo que para Barrientos no es motivo para la reacción del abogado de Vilanova de Sixena.
Santi Vila no declara
El primer incidente, previsible, una vez ha vuelto a arrancar la vista ha sido que la presencia de Santi Vila, predecesor en el cargo de Lluís Puig como conseller de Cultura, se ha acogido a su derecho a no declarar porque está acusado en un procedimiento paralelo –él no es aforado– por el mismo caso.
Vista detenida por problemas de sonido con la videoconferencia de una testigo
Después ha llegado otro tropiezo. En este caso, técnico. Si la videoconferencia con Lluís Puig desde Bélgica ha sido imposible porque las autoridades belgas son exigentes con la protección del derecho a la defensa, en el estado español lo que hay son problemas técnicos. La conexión con Aragón para tomar declaración a una técnica del gobierno aragonés, Itziar Alcalá Prats, ha comenzado pero el sonido era muy malo y el presidente del tribunal ha decidido que no era suficientemente bueno y se ha suspendido la vista nuevamente para intentar solucionarlo. Los intentos han resultado infructuosos y se ha decidido continuar la vista, de momento, sin este testigo, que era de la acusación del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena. Se deberá decidir después si es necesario volver a intentarlo.
Juicio por unas obras expoliadas por la Guardia Civil y aún no expuestas siete años después
El juicio llega después de meses de desbarajuste judicial, porque en un primer intento se tuvo que aplazar todo y rehacer una parte del procedimiento porque se dieron cuenta de que Puig, como diputado del Parlamento, es aforado y solo lo puede juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Después tuvieron problemas para localizarlo y citarlo porque no le habían pedido el domicilio.
El procedimiento judicial se remonta a julio de 2017. Como él mismo ha explicado en una entrevista en El Món, al día siguiente de acceder al cargo, el 7 de julio, se le presentó un agente judicial reclamándole la entrega inmediata de 44 obras de Sixena que la Generalitat había comprado en los años 80 a las monjas del monasterio. Él le respondió por escrito que no estaba en condiciones de cumplir la petición, que necesitaba estudiar el caso y tiempo para organizar un traslado tan delicado. No supo nada más y a finales de octubre se exilió. Con la aplicación del 155, la Guardia Civil se presentó una madrugada en el Museo de Lleida para llevarse las obras embalándolas improvisadamente, una barbaridad técnica cuando se trata de piezas de arte. Y siete años y dos meses después, las obras continúan sin estar expuestas en Sixena y Lluís Puig es juzgado por desobediencia.
