Después del parón de las fiestas de Navidad, comienza a aplicarse la agenda política prevista para el 2026, que es sinónimo de la agenda judicial. Este lunes, en la funcional sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid, se reanuda el juicio contra la familia Pujol-Ferrusola. Será la quinta jornada de la vista oral -hay unas cuarenta programadas- y llega después de una intensa audiencia preliminar que ha obligado al tribunal presidido por José Ricardo de Prada Solaesa a comprometerse a estudiar «el origen político del caso».
La jornada de este lunes tiene un testimonio estrella y se esperan las explicaciones sobre una reunión de los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) –la entidad donde los Pujol tenían el dinero de lo que aseguran que era una «herencia» del abuelo– con la Fiscalía Anticorrupción, que podría incrementar las sospechas sobre el origen de la prueba incriminatoria contra la familia del expresidente, a raíz de un documento del 3 de mayo de 2017 entregado al fiscal general del Estado.
En primer término, está la declaración esperada de Joan Anton Sánchez Carreté, asesor fiscal del presidente Pujol y de su esposa y encargado de calcular y presentar las declaraciones complementarias para liquidar con la hacienda española los impuestos por el dinero de Andorra. Y, en segundo término, se debe aclarar un documento presentado por uno de los abogados de Ramon e Higini Cierco, propietarios de la BPA, explicando una reunión y la entrega de información bancaria confidencial sobre la familia. Lo que el abogado de Josep Pujol, Jaime Campaner, calificó como «striptease financiero» de los Pujol-Ferrusola. En la lista de los testigos para esta sesión también se incluye Jordi Puig Godes, hermano del exconsejero Felip Puig.
¿Un registro irregular?
El testimonio de Sánchez Carreté es muy interesante para las defensas. En las cuestiones previas, tanto Campaner como el equipo de Cristóbal Martell y Albert Carrillo, así como Pau Ferrer, que defienden la mayoría de la familia, solicitaron al tribunal la nulidad de una entrada y registro en el despacho de Joan Anton Sánchez Carreté. En detalle, consideran que el auto del juez instructor no estaba suficientemente justificado para permitir la entrada de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) en un despacho profesional.
Además, entienden que los agentes policiales y el juez instructor se llevaron más pruebas de las que permitía la resolución de entrada y registro. En este sentido, recuerdan que la información y documentación recogida -también en un pendrive- sirvió para articular la sospecha de la trama suiza de la familia Pujol, que era falsa y de la cual no se ha recogido ninguna prueba en el sumario. Todo ello por la relación que supuestamente tenía la familia en un caso del cual había llevado el asesoramiento Carreté. Una relación que nunca se ha constatado, ni con los ingentes esfuerzos de la UDEF y del encargado de la investigación, el inspector Álvaro Ibáñez, con TIP 89.140, que estuvo a punto de ser juzgado por el caso del pendrive de los Pujol, por el cual ha habido la, de momento, única sentencia contra la operación Catalunya y la policía patriótica, la de la condena de Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional. En todo caso, las defensas quieren afinar el lápiz y centrar la pelota sobre cómo se llevó a cabo el registro y por el hecho, lógico, por otro lado, de que Carreté tuviera información de las cuentas, porque fue el encargado de calcular y presentar las liquidaciones complementarias a Hacienda.
La reunión con la Fiscalía
Después de la batería de dudas sobre la legalidad de la prueba recogida por las acusaciones del ministerio fiscal y, de rebote, de la Abogacía del Estado, que ha cambiado de letrados, aparece otra duda. Y es importante: un documento de ocho páginas, al que ha tenido acceso El Món, que puede tambalear parte de la instrucción y, de paso, un procedimiento abierto en el Principado de Andorra por revelación de secretos bancarios. Es un escrito, firmado por Javier Iglesias, alias el Largo, que también fue abogado de Mariano Rajoy y que mantenía buena relación con el comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo.
En este documento, del 3 de mayo de 2017, Iglesias respondía, como letrado de los hermanos Cierco, a unas informaciones publicadas en la prensa de Madrid –Voz Populi, Abc y El Mundo– sobre la reunión que habrían celebrado con tres miembros de la fiscalía anticorrupción y a raíz de las cuales habrían denunciado «presiones». El documento es un «escrito de amparo» dirigido al entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, con el cual no solo se negaban las presuntas presiones, sino que, además, se aseguraba que los dos banqueros «colaboraban con la Fiscalía de manera muy destacada y leal».
«Documentación entregada»
El escrito detalla que la documentación «se facilitó tanto para ayudar a la Fiscalía Anticorrupción y la justicia española como para demostrar que cuando a los señores Cierco se les requirió una información bancaria que existía en la BPA, sobre los miembros de la familia Pujol, dijeron la verdad y entregaron a los funcionarios policiales las cuentas y las sumas que los Pujol tenían en la BPA, sin ocultar absolutamente nada, encontrándose las sumas y cuentas bancarias de la familia Pujol en otra entidad». Es decir, que la BPA habría entregado la transferencia de Andbank a la BPA que apareció en la portada de El Mundo de julio de 2014. Una entrega al margen de los caminos procesales judiciales legales.
El mismo documento también describe una reunión con otro abogado de Barcelona, que habría concertado una reunión el 23 de febrero de 2017 con los fiscales Fernando Bermejo, José Grinda, Belén Suárez y Juan José Rosa, todos adscritos a la Fiscalía Anticorrupción y con alguna relación con el caso Pujol. En este encuentro, también debía asistir el fiscal general de Andorra, Alfons Alberca. El mismo Iglesias informa en este escrito, que fue él mismo quien prohibió a sus clientes asistir y que ya se encargaría él personalmente de concertar un encuentro con la Fiscalía Anticorrupción. El escrito acreditaría que los responsables de la BPA habrían entregado la documentación que sirvió a la Fiscalía para remitir las comisiones rogatorias a Andorra. Una prueba de la debilidad legal de los indicios incriminatorios contra los Pujol, la participación de la policía patriótica y la oscura colaboración andorrana con la Fiscalía española.
