El gran Jorge Luis Borges afirmaba que hay cosas que solo suceden en la realidad. El maestro argentino sabía de qué hablaba y eso que no había sido testigo del juicio del caso Mito. Un juicio que, como todas las grandes historias, más que terminar, se ha abandonado, porque todo apunta a que habrá derivadas personales, judiciales, policiales y sociales que pueden sacudir algunas inercias perversas del uso de los poderes del Estado. Un juicio que deja atrás cualquier gran episodio de Perry Mason, Boston Legal, Ley y Orden o Shark. La realidad de lo que se ha visto, se ha dicho, se ha escuchado, se ha sentido y se ha interpretado ha sido material de primera para alguien con tiempo y paciencia para escribir un gran guion.
El juicio ha quedado visto para sentencia tras 35 sesiones de vista oral orquestadas por el magistrado Félix Alfonso Guevara, un prestidigitador de la judicatura, que actúa como un gato viejo que nunca pierde el compás y que aunque bufe se lo piensa dos veces antes de arañar. El caso era, como describió el mismo Guevara, «muy difícil». De hecho, han sido cinco juicios en uno alrededor de la supuesta organización de narcotráfico, narcotransporte y blanqueo que dirigía, también presuntamente, José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco.
La macrocausa, con 48 personas y cinco personas jurídicas acusadas, tenía sorpresa. Como en el roscón de Reyes en medio de la instrucción, la pastelería de la fiscalía de Ignacio de Lucas y Ángel Bodoque hizo aparecer una haba inesperada. La posibilidad de imputar, a través de una deducción de unas pruebas convenientemente interpretadas, a Gonzalo Boye, casualmente abogado de Carles Puigdemont. El presidente, que lleva más de 7 años en el exilio, ha sido arrestado dos veces y, aun así, no ha habido manera de llevarlo esposado ante la justicia: bueno, de los jueces españoles. Con este currículum, Boye ha encontrado el escollo en la defensa que llevó de uno de los imputados del caso, su cliente. Como letrado, le ayudó con los trámites oficiales para recuperar un dinero que le habían confiscado, en efectivo, en el aeropuerto de Barajas. Se ve que cuando un abogado cualquiera lleva una reclamación así es trabajo. Y, cuando lo hace Boye, es blanqueo.
Un juicio con todos los elementos
El juicio ha tenido todos los elementos que Albert Sánchez Piñol describe en la imprescindible Las estructuras elementales de la narrativa (La Campana, 2021). Historias paralelas, giros de guion, declaraciones contradictorias, chistes, vulneraciones de derechos, venganzas, broncas, policías que charlan demasiado, un señor de Cádiz que habla holandés con acento andaluz, una abogada rusa incisiva, letrados dispuestos a no achicarse ante toros como Guevara, mandos de poderosas unidades policiales como GRECO o UCO, un curioso capitán de barco turco, tres procesados muertos durante la vista, un acusado hablando en urdu que nunca ha dicho nada y nadie sabe bien qué hace en el banco de los acusados, maniobras turbias de la fiscalía, artefactos tecnológicos policiales como Ego Box o las prácticas raras de la UDEF, que han dejado en evidencia la credibilidad del grueso de pruebas aportadas.
Los abogados de las defensas, sin embargo, han salido bastante satisfechos del resultado de las 35 sesiones. Las últimas jornadas, tras tensos interrogatorios y rifirrafes entre los letrados y el presidente del tribunal, han servido para los informes finales de las defensas y de las acusaciones. El ministerio público mantuvo las acusaciones y pasó de puntillas por la polémica de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas, argumentando que el derecho a la intimidad no está por encima de una investigación de estas características. Incluso, en la sala se llegó a decir que Sito Miñanco era un «riesgo para la seguridad nacional» por parte de un oficial de policía que declaraba desde el Sahel. Una afirmación extravagante, porque Miñanco cada día llegaba por sus propios medios y con un permiso de tercer grado en el bolsillo a la funcional sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Muy torpe ha de ser un estado como para dejar suelto a un «peligro para la seguridad nacional» y que ese «peligro» se siente cada día en la sede de la Audiencia Tribunal, un tribunal que no es precisamente el jurado de un talent-show.
En todo caso, los abogados defensores se han lucido con unos informes finales trabajados, sin prácticamente leerlos, construidos con las pruebas practicadas en la sala, sus deducciones, interpretaciones y lógicas. Además, la defensa de Boye ha evitado politizar el juicio con una estrategia de negar cualquier delito porque las pruebas aportadas ni siquiera se pueden considerar indicios de una conducta reprochable penalmente. A pesar de que ha logrado evidenciar cómo los registros en el domicilio y en el despacho de Boye, así como la confiscación de sus móviles y ordenadores, tenían otro objetivo que iba más allá de la causa, con una flagrante vulneración de sus derechos.
Las últimas palabras
Finalmente, y tras varios intentos se ha llegado al turno de las últimas palabras de los acusados. Guevara ha tenido que ponerse firme para avisar a Sito Miñanco que abreviara su intervención porque un turno de última palabra no es repetir el juicio. Pero de los informes y del turno de última palabra sí se puede extraer una conclusión. En concreto, que el dinero que se confiscó en Barajas, cuya reclamación llevó Boye con cierto éxito –el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recortó la sanción a la mitad– no era de Prado Bugallo, como sostenía la fiscalía. Una acusación que se basaba en la declaración, la quinta, de otro procesado, Manuel Puentes Saavedra, que una vez involucró a Boye en la hipotética trama salió de la cárcel, a pesar de estar cumpliendo pena por narcotráfico, estar imputado en la causa Mito y, además, ser sospechoso de un homicidio en Colombia.
El uso de la última palabra de Manuel González Rubio, el cliente de Boye a quien le confiscaron el dinero y que la fiscalía tanteó con una salida como la de Puentes Saavedra, ha servido para volver a subrayar que los 890.000 euros intervenidos en Barajas eran suyos. Por lo tanto, no pertenecían a la organización de Sito Miñanco. Por cierto, González Rubio ha aprovechado su intervención para pedir perdón a los agentes del CNP que resultaron heridos durante su detención en la nave de Alpedrete, Madrid, donde regentaba un campo de tiro utilizado por policías, militares y guardias civiles. Ha especificado que cuando entraron a detenerlo pensaba que era atacado por “sicarios” contratados por Puentes Saavedra. En su intervención, y después de pedir disculpas a los agentes, González Rubio ha querido manifestar que quiere que se indemnice con su dinero a los policías. Una declaración que ha sido recibida con entusiasmo por la defensa de Boye, ya que remachaba el clavo de su tesis de defensa para pedir la absolución al tribunal.
La penúltima palabra ha sido para Sito Miñanco que, en la libreta que le ha acompañado todo el juicio, como su bufanda, llevaba anotadas todas las incoherencias, contradicciones, sobreinterpretaciones, errores y extrañas equivocaciones que considera que contienen el sumario y el escrito de acusación de la fiscalía. Un nivel de detalle enorme que el juez Guevara ha visto venir. Tenía ganas de volver a defenderse, pero Guevara ha recortado el campo de juego. Finalmente, ha utilizado una frase que ha sonado fuerte en su defensa y la de muchos de los acusados: «Solo querían una condena, una condena cueste lo que cueste».
