La detención fallida del presidente en el exilio Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto, coincidiendo con el debate de investidura del presidente Salvador Illa, continúa en manos judiciales. En esta ocasión es el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona que ha solicitado al Tribunal Supremo, vía exhorto al cual ha tenido acceso El Món, la copia de la orden de detención vigente de Puigdemont. Un documento necesario para poder, supuestamente, establecer el terreno de juego de la investigación. La decisión se tomó el pasado cinco de diciembre.
De hecho, al juzgado 24 le ha llegado el caso proveniente del Tribunal Supremo y con orden expresa del juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, que firmaba las órdenes de arresto del presidente. El pasado mes de septiembre, a pesar de la opinión contraria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Llarena remitió un durísimo auto en el que criticaba con amargura el dispositivo de la policía catalana e insistía en que era perfectamente posible detener a Puigdemont.
Dos informes policiales
Llarena vio delitos desde el momento en que pudo leer los informes que prepararon tanto los Mossos d’Esquadra como el Ministerio del Interior. El enfado de Llarena se notaba en su resolución donde afirmaba que según la policía no se podía “excluir” que Puigdemont evitara la detención gracias a la participación de “responsables no aparentes” que le habrían ayudado a huir.
“Los informes”, argüía el magistrado, “no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detención del procesado rebelde durante su tránsito hacia el lugar donde se unió a aquella aglomeración de personas que le esperaban, ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y captura, hasta el punto que se materializó su fuga del territorio nacional”.
Por tanto, ve delitos que se pueden incluir en los artículos 408 y 451.3b del Código Penal”, que se refieren básicamente a la omisión de la obligación de perseguir delitos por parte de funcionarios o al encubrimiento y colaboración en la fuga del responsable de un delito. Puigdemont tiene pendiente una orden de búsqueda y captura en el estado español por el 1 de octubre, ya que el Tribunal Supremo considera que no se le puede aplicar la amnistía. De hecho, la tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional.
