El Gobierno de Salvador Illa tiene claro que uno de los puntos fuertes del Estado es la judicatura y todo su entorno. Dos fotografías muestran esta estrategia aprovechando la brecha política que le permite el discurso sobre la reincidencia y la seguridad. En este sentido, una de las imágenes más potentes de los últimos días ha sido la fotografía con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Palau de la Generalitat. Y, en segundo término, la reunión de trabajo que mantuvo el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la mano derecha del ejecutivo de Pedro Sánchez y uno de sus valedores de la estrategia política, así como el coordinador de la acción legislativa de la ley de amnistía.
La lectura de las dos reuniones en el actual contexto sociopolítico es bastante jugosa. Por un lado, la imagen del presidente de la Generalitat apoyando a García Ortiz en un momento en que está procesado por una estrafalaria denuncia por revelación de secretos. Y, en segundo lugar, por los acuerdos firmados entre el consejero y el ministro sobre memoria histórica y la ampliación de juzgados para enfrentar una polémica bastante popular como es la multirreincidencia. Fuentes de las cuatro partes de la reunión enfatizan los encuentros como «muy positivos» o «fenomenales».
Una alta institución del Estado
La reunión con el Fiscal General del Estado se celebró el pasado 18 de diciembre, se prolongó cerca de una hora y en la que también participó Espadaler. El encuentro se celebró aprovechando una visita de García Ortiz a la capital catalana. La fotografía de la reunión, sin embargo, tenía un doble objetivo. En primer término, sobre el papel del ministerio público en el plan de choque contra la multirreincidencia y la continuidad de la aplicación de la ley de memoria democrática. «La colaboración institucional es clave para garantizarla», remarcan desde Palau. Pero, en segundo lugar, el mensaje más político implícitamente era mostrar el apoyo a una de las «principales instituciones del Estado» ante la ofensiva judicial y mediática que está sufriendo.
De esta manera, la presidencia de la Generalitat quería ofrecer públicamente una imagen de apoyo al ministerio fiscal. Todo esto, teniendo presente que ha sido el fiscal general del Estado quien ha defendido la aplicación de la amnistía, a pesar de la batalla interna que ha supuesto, frente a unos organismos judiciales, no solo refractarios a aplicarla sino contrarios a la ley.
El hecho de que haya hecho cuadrar fiscalías especializadas del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, o incluso, en casos como el del exconsejero de Interior Miquel Buch y el exsargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà, en que la fiscalía catalana arrastraba los pies a la hora de pedir la aplicación de la ley del olvido penal, identifican a García Ortiz como un elemento indispensable en el proceso que los socialistas llaman «normalización» sociopolítica catalana. De ahí la importancia que el presidente Illa ha querido dar al encuentro. Un gesto recíproco y validado desde el número 4 de la calle Fortuny de Madrid, sede de la Fiscalía General del Estado.
Más fiscales y mantener las políticas de memoria histórica
Por otro lado, desde la consejería detallan que la reunión también sirvió para explicar el plan de choque contra la multirreincidencia, que aspira a desatascar los juzgados de instrucción, sobre todo en el área de Barcelona. Fuentes del departamento que dirige Ramon Espadaler aseguran a El Món que Álvaro Ortiz se comprometió a aportar los fiscales que se «necesiten para desplegar el plan». De hecho, este punto es uno de los más reivindicados por el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez García, que en un encuentro con la prensa a principios de diciembre, una vez firmado el acuerdo del 4 de diciembre para crear cinco juzgados nuevos en Barcelona. Sánchez García temía que el ministerio público no pudiera aportar más fiscales para poder dar eficacia al nuevo despliegue judicial.
Asimismo, Espadaler también aprovechó la reunión para ofrecer todo tipo de detalles sobre el Memorial del Camp de la Bota. El pasado mes de noviembre, el consejero anunció la construcción de un monumento memorial dedicado a las 1.686 personas fusiladas en el Camp de la Bota durante el franquismo, entre 1939 y 1953. Una demanda histórica de las entidades memorialísticas. De hecho, tanto desde la fiscalía como de la consejería insisten en el interés que despierta este memorial. Además, fuentes de las dos instituciones recuerdan que «por algo Cataluña fue pionera en poner en marcha una fiscalía responsable para cuestiones de derechos humanos y memoria democrática». En este sentido, fuentes del entorno del consejero subrayan que es una verdadera obsesión del consejero mantener las políticas de memoria histórica.
Bolaños y el Gobierno
El encuentro de Bolaños con el presidente Illa no ha sido el único con el Gobierno de la Generalitat. El pasado 27 de diciembre, Espadaler se reunió en Madrid. Un cónclave en plenas fiestas para terminar de perfilar cómo puede afectar a Cataluña el despliegue de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, aprobada hace apenas tres semanas por el Congreso de los Diputados y que entra en vigor este mes de enero. Al fin y al cabo, es la ley en la que se sustenta la creación de cinco nuevos juzgados.
En esta línea, Espadaler ya puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar el plan de choque de Barcelona a otros puntos del país tensionados por la avalancha de casos que deben gestionar. Así, remarcó la necesidad de dar respuesta a la falta de unidades judiciales más allá de las acordadas en el plan de choque, para «descongestionar otras jurisdicciones y territorios diferentes del ámbito penal en la ciudad de Barcelona».
