Cambio de guion en el caso Mercasa. Un sumario de corrupción internacional de empresarios españoles y empresas públicas españolas centrado en Angola que se empezó a juzgar este lunes en la Audiencia Nacional. El ministerio fiscal, en su primera intervención, y como cuestión previa, solicitó al Tribunal retirar la acusación contra la empresa pública Mercados Centrales de Abastecimiento, MERCASA.
Una petición basada en la ley 40/2015 de régimen jurídico del Sector Público y la reforma del Código Penal de 2015, que estableció en su artículo 31 el carácter «inimputable» de las empresas públicas españolas. Una reforma que también sirvió para esquivar responsabilidad en otro caso de corrupción internacional relacionado con el caso Mercasa, el caso Defex.
Curiosamente, Mercasa es una de las empresas investigadas por la Audiencia Nacional, en el caso Hirurok, donde se encuentra también investigada Leire Díaz, la fontanera del PSOE, por comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones con empresas públicas integradas en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
17 investigados y varias sociedades
El juicio, tras la primera sesión donde se expusieron las cuestiones previas, ha iniciado sus sesiones ordinarias este martes con un primer testimonio clave. En concreto, el agente de la Guardia Civil número Z490-086W que instruyó el atestado principal y que analizó la trazabilidad de los contratos y la propiedad de diferentes sociedades pantalla para cobrar las comisiones irregulares, con movimientos en Hong Kong o Suiza.
El tribunal debe evaluar si una confabulación de 17 personas y varias empresas como Icantema, Tuy Cincuenta y el Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) pagó comisiones irregulares a funcionarios y políticos de Angola y en la República Dominicana para obtener contratos como la construcción de un mercado central de abastos en Luanda, la capital angoleña. La fiscalía pide hasta ocho años de prisión por delitos de corrupción en transacciones internacionales, falsedad documental continuada, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y organización criminal. Entre los principales acusados se cuentan Miguel Ramírez, la ex secretaria general de Mercasa, María Jesús Prieto Jiménez, o el empresario José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
