La veterana magistrada Teresa Palacios, presidenta de la sección penal de la Audiencia Penal, lo está pasando bien juzgando el caso Mercasa. Un sumario escandaloso de corrupción internacional de empresas españolas en Angola. Aunque, en la primera jornada de la vista, la Fiscalía retiró la acusación contra Mercasa, porque la reforma del Código Penal hace inimputables a las empresas públicas, mantiene 18 imputados por repartir comisiones ilegales a cambio de contratos en el país africano para la unión empresarial Consorcio Mercasa Incatema Consulting, SL,(CMIC). Unos contratos que se conseguían con todo tipo de regalos y comisiones pagadas en dinero transportado en cajas de galletas.
Con un pronunciado acento andaluz, Palacios pone orden, con simpatía y eficiencia, en un juicio que podría ser caótico. Hace cuadrar a los abogados y al fiscal si se pasan de la raya en la agresividad con los testigos y las valoraciones subjetivas de la prueba. Se unen dos magistrados más, Juan Francisco Martel y Juan Carlos Campo, dos togados con más horas de vuelo que el avión del Tibidabo y que saben amoldarse al estilo de Palacios en juicios complicados.
Lo hace bien Palacios, porque las tres primeras jornadas -una de dedicada a las cuestiones previas- solo han podido declarar cuatro testigos. Ahora bien, entre martes y miércoles ha declarado uno de los principales instructores del caso. Un guardia civil que ha tenido la consideración casi de perito y que firmó los profusos atestados de la causa ha sido el protagonista principal. Un uniformado que ha resistido con disciplina y orden las embestidas de los abogados de la defensa que lo han presionado para saber cómo encontraba la información y que, audaz, ha evitado reflexionar, especular, suponer u opinar. «Solo puedo reflejar hechos», ha insistido varias veces ante hábiles interrogatorios que cuando se desbocaban, Palacios tomaba las riendas.
Sobornos al Tribunal de Cuentas de Angola
Precisamente, el oficial del instituto armado ha detallado una parte de uno de los informes sobre las comisiones y regalos que se habían otorgado a funcionarios y políticos de Angola a cambio de obtener un codiciado contrato para construir un gran mercado de abastecimiento en la capital del país, Luanda. Una tesis que ha sido corroborada por un interesante testimonio, Armando Emilio Andrade de Santiago López, que trabajó como directivo en el consorcio que se adjudicó la construcción del mercado. De hecho, la relación laboral de Andrade con el entramado de empresas que se adjudicaba terminó como el rosario de la aurora, precisamente al darse cuenta de las prácticas de las empresas pagando comisiones, viajes y médicos a cargos angoleños.
En la sesión del miércoles, sin embargo, el analista de la Guardia Civil ha descrito los «sobornos y pagos ilícitos» que se abonaron a miembros del Tribunal de Cuentas de Angola. En concreto, según los cálculos del instituto armado que el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional dio por buenos, el CMIC, formalizó durante el 2016 con la administración angoleña ocho contratos por un importe de 66.419.386,22 dólares. Dado que el Tribunal de Cuentas de Angola ponía problemas a los contratos superiores a los diez millones de euros, no solo se modificaron los contratos sino que «se incrementaron facturas» para abonar «las comisiones a sus miembros».
Así, el instructor policial ha identificado en la sala, durante la vista, los correos aportados donde se reconocen importes y facturas para justificar pagos con una empresa angoleña, SOTER, a través de la cual se liquidaron 266.250 dólares para pagar unas comisiones «sin las cuales no se habrían formalizado los contratos». No serían los únicos regalos. Al contrario. El oficial se ha ratificado en el informe donde hace constar entregas de «mosaicos» para la construcción al viceministro de Angola, vacaciones en Madrid y en Dubái de altos funcionarios del país que tenían mano en las contrataciones e, incluso, visitas al oftalmólogo.
«Cajas de galletas»
Si en Cataluña la dicotomía es entre las galletas de Camprodon o las de Santa Coloma de Farners, los empresarios hispano-angoleños lo tenían claro. Las cajas de galletas que más les gustaban son las que se llenaban en Luanda de billetes y llegaban a Madrid, donde se repartía el dinero de las comisiones a través de entidades bancarias ubicadas en el extranjero como Nueva York. De ahí la importancia del testimonio de Andrade de Santiago López, que se sabía tanto el guion que le han tenido que decir que no leyera. Andrade ha cargado fuerte contra Oliveria Taveira Pinto, el principal comisionista fugitivo de la justicia y viga principal del entramado de las comisiones.
Andrade aportó los correos electrónicos que señalaban parte del camino del dinero que se pagaba en comisiones. De hecho, era el encargado de montar y administrar las sociedades instrumentales donde se derivaban, a partir de facturas que daban «cobertura ficticia al compromiso que logró con diferentes funcionarios de derivarles el 2% de las cantidades cobradas por el primero con cargo a los contratos que conseguía el consorcio de empresas españolas». Pero otras veces los sistemas eran más rudimentarios, como llenar de billetes de dólares «cajas de galletas» que se enviaban a Lisboa y luego se transportaban en coche hacia Madrid, donde, aprovechando estancias de los destinatarios de los sobornos, se entregaban el dinero y otros regalos como muebles o plumas estilográficas Mont-Blanc de 3.600 euros.
