Día importante en el juicio del caso Mito. Una macrocausa de narcotráfico, narcotransporte y blanqueo sobre la supuesta trama dirigida por José Ramon Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, en la que está procesado el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Esta mañana han proseguido los informes de las defensas de la cincuentena de imputados, que han mantenido el relato de las tres últimas jornadas: las nulidades de la prueba incriminatoria recogida en la instrucción. Pero, especialmente esencial, ha sido el informe del letrado Jesús Prieto, el abogado de cinco de los acusados, entre los cuales se cuenta Manuel Puentes Saavedra, cuya declaración sirvió para imputar a Boye, a cambio de salir de la cárcel.
Prieto ha sido plástico en su exposición, tanto por lo que ha dicho como, aún más interesante, por lo que no ha dicho o lo que ha obviado. Puentes Saavedra aseguró a la instructora, en su quinta declaración y a cambio de poder salir de la prisión, que el dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas era de Sito Miñanco. Un dinero que recuperó Boye, como abogado y por vía judicial. Un servicio que ha servido de base para la imputación del estratega jurídico del exilio. Ahora, el abogado de Puentes Saavedra ha vuelto a cambiar la versión con la que su cliente obtuvo la libertad provisional. De hecho, ha recuperado las anteriores y ha aseverado que su cliente no conocía el origen del dinero intervenido en Barajas.
Por otro lado, el letrado ha destacado que llevar dinero en efectivo a Colombia no constituye ningún delito, ni de blanqueo, ni de falsedad documental. Al fin y al cabo, es la misma tesis que esgrimió el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que redujo la sanción a la mitad y obligó a devolver parte del dinero. Prieto ha admitido que el testimonio de su cliente fue «ruidoso», pero ha querido dejar claro qué es «lo que dijo».
«No hay delito»
En este sentido, el abogado ha esperado al final de su informe para enfatizar la idea. «A él le entregaron 800.000 euros, pero no sabía nada del origen de ese dinero, no sabía la procedencia del dinero y lo que le encargaron fue el transporte», ha subrayado. «Pensar más allá, pues bien, sí que se puede pensar más allá, pero las pruebas que se han evidenciado es que esto no constituye un delito de blanqueo de capitales ni de falsedad en documento», ha exclamado. Es decir, lo que existe en una vista es lo que se puede acreditar, no especular.
Un argumento que le ha servido para pedir una sentencia absolutoria para Puentes Saavedra. Y aquí radica otro detalle curioso, y es que la defensa ha obviado el ofrecimiento que el ministerio público, de la mano del fiscal Ángel Bodoque, de considerar a Puentes Saavedra como delator y medio de tapadera, pidiera una rebaja de la pena. Por tanto, no ha pedido la aplicación del atenuante de confesión o de colaboración con la justicia. En términos estrictamente jurídicos, para Prieto, la declaración «ruidosa» de su cliente no tiene ningún valor jurídico. Una postura que favorece de lleno la defensa de Boye, porque la acusación contra el letrado solo se sostiene con la declaración de Puentes Saavedra que lo sacó de la cárcel a pesar de estar imputado en el caso, condenado por otro delito y envuelto en un homicidio en Colombia.
