Hacía tiempo que rondaba la idea, a la espera de los movimientos jurídicos, procesales y políticos de la Generalitat, hasta que vieron que el margen de tiempo se acortaba demasiado. Así que la Comisión de la Dignidad ha presentado un «requerimiento de inactividad a la Generalitat por la actitud de dejadez de sus obligaciones que tiene en los pleitos sobre los bienes de Sixena«. Una iniciativa que abre el camino para un procedimiento contencioso administrativo judicial, que podría complicar la ejecución de la sentencia de los murales.
El requerimiento, de cinco páginas y al cual ha tenido acceso El Món, es bastante contundente jurídicamente y carga contra la inacción de la Generalitat en todo lo que rodea el caso Sixena. De hecho, en sintonía con la queja que miembros de los servicios jurídicos de la Generalitat habían denunciado, respecto a la falta de voluntad de la administración catalana para defender sus intereses y los caudales públicos gastados en el mantenimiento de las obras.
El escrito, que firma el abogado Josep Cruanyes, delimita, por un lado, los efectos de la sentencia sobre los bienes de Sixena que decretó la nulidad de los contratos de compra de varios elementos artísticos que fueron devueltos con el fraude de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y, por otro lado, denuncia la sentencia sobre las pinturas murales confirmada por el Supremo que ahora se encuentra en vía de ejecución para su regreso al monasterio de los Monegros.
50 millones de pesetas
El documento exige a la Generalitat que inicie los procedimientos para reclamar el retorno de los «cincuenta millones de pesetas pagados por la compra de los objetos que fue anulada y los gastos realizados en su restauración y conservación hasta que fueron devueltos». Una petición fundamentada en el derecho a retención previsto en los artículos 1770, 1779, 569.3 y 1.303 del Código Civil. En la misma línea, también añade la reclamación de las inversiones hechas en las pinturas murales.
Así, determinan la petición de resarcimiento del coste desde el salvamento al ser arrancadas por Josep Gudiol en 1936, como miembro del servicio de salvamento del patrimonio artístico del Departamento de Cultura por orden del consejero de cultura Ventura Gassol y la posterior restauración y la conservación durante todos estos años que las monjas mantuvieron el depósito en la Generalitat. «Si se devuelven se debe reclamar todos los gastos realizados tal como dispone el Código Civil. En todo caso, advierten que no presentar esta reclamación es «causar un perjuicio en el patrimonio de la Generalitat y, por tanto, una malversación de caudales públicos».
«Esta dejadez y el silencio ante las acusaciones contra Gudiol y el consejero Ventura Gassol responsable del salvamento supone un menosprecio de estas personas y de su acción en favor del salvamento del patrimonio artístico de Aragón que también realizaron los equipos del escultor Apel·les Fenosa, los dibujantes Shum y Benigani, y desde Lleida, Lamolla y Crous», reprocha el escrito. Para la comisión por la dignidad, «es un deber defender la dignidad y el esfuerzo de los que se jugaron la vida para salvar el patrimonio catalán y el aragonés».
