La temeridad de dejar de controlar a Abdelbaky Es Satty, el imam de Ripoll, por parte de los servicios de seguridad e información del Estado pocos meses antes de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils no deja de ofrecer sorpresas. Según ha podido saber El Món, el teniente coronel del Ejército del Aire que ocupaba el cargo de delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la provincia de Girona, que responde a las iniciales José A. B, obtuvo un piso desamortizado del ministerio de Defensa en una de las zonas más lujosas de Madrid. De hecho, es una vivienda en una zona donde el precio medio por metro cuadrado es de 6.329 euros y el precio medio de una vivienda es de 960.369 euros, según datos de las plataformas inmobiliarias Fotocasa e Idealista.
El hecho de que el ministerio de Defensa, ya en manos de Margarita Robles, entregara este piso por méritos y puntos a este alto oficial del Ejército del Aire en servicios especiales al CNI, aún despierta más suspicacias en el fiasco de la gestión del 17-A. Tanto de la fase preventiva del atentado como de la respuesta al atentado. El descontrol del imam supuso que fuera «desterrado» a la embajada española en Bogotá, Colombia, y el oficial de control del imam, a la legación diplomática española en Panamá, justo después de los atentados.
Una decisión que la dirección de La Casa, nombre de los servicios secretos españoles en el argot de la seguridad, tomó una vez comprobaron que ambos abandonaron el seguimiento y la inspección de Abdelbaky al considerar que su información era “anodina” y no valía la pena continuar pagándole 500 euros mensuales. Aunque los informes de inteligencia consideraban a Es Satty un “manipulador”.
Primero, un destierro de oro
La celebración de la comisión de investigación para saber la verdad de los atentados del 17-A en el Congreso de Diputados y la demanda interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por parte de Javier Martínez, padre del pequeño Xavi, el niño de tres años asesinado en la Rambla, han hecho emerger informaciones hasta ahora opacas de la investigación del caso. Sobre todo, de la relación de Abdelbaky Es Satty con los servicios de seguridad del Estado. No solo se han desclasificado informes que acreditan su condición de confidente, sino también atestados que han “aumentado” el número de visitas a la prisión que recibió por parte del CNI y del Servicio de Información de la Guardia Civil, que han pasado de cuatro a seis.
Hace justo un mes, el diario ABC informaba del envío a Panamá y Bogotá del oficial de control y del jefe del CNI en la provincia de Girona. Una resolución de la División de Contraterrorismo tras encargar un informe interno para conocer los detalles de la relación del Centro con Abdelbaki Es Satty. Una revisión de las entrevistas y los informes que calificaban la información que otorgaba el imam “de anodina”.
El informe que justificó la “represalia” por el error clamoroso de los servicios de inteligencia lo firmó un responsable del área de Contraterrorismo y de Inteligencia, que entonces dirigía Luis García Terán, el actual secretario general del CNI. Es decir, el número dos de los servicios secretos de la vigente directora, Esperanza Casteleiro, que también estuvo destinada, casualmente en Panamá, antes de asumir la prefectura de la Unidad de Inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). García Terán ha sido citado para que comparezca en la comisión de investigación.
Y, además, un piso de lujo
A propósito de esto, el destierro despertó suspicacias porque podría ser un castigo remunerado. Es decir, enviar al continente americano a dos funcionarios, suponía incrementar el sueldo a cambio de un destierro. Pero, en julio de 2019, José A. B, fue adjudicatario de un piso en una calle bastante céntrica y lujosa de Madrid. Una adjudicación iniciada en diciembre del año 2018, después de los atentados y en la cual, curiosamente obtuvo una de las tres primeras puntuaciones en el concurso. Una enajenación de viviendas propiedad de Defensa que estaban “desocupadas” y que fue dirigida por el Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) dirigido por el coronel interventor Atilano Lozano, un alto experto en la gestión patrimonial del Estado.
Según el expediente, al que ha tenido acceso El Món, el responsable del CNI en la provincia de Girona superó con creces la nota de los 90 puntos sobre los 100 dado su currículum. El precio de adjudicación del inmueble no llegó a los 230.000 euros, de los cuales solo tuvo que adelantar como garantía poco más de nueve mil euros. De hecho, era uno de los tres más caros del casi un centenar de viviendas enajenadas que oscilaban entre 19.000 euros y 250.000. De hecho, obtuvo todos los puntos por la cláusula de «servicios especiales» que según las causas que contienen el proceso administrativo, son para aquel personal que tenga la condición de personal permanente del Centro Nacional de Inteligencia. Además, acumulaba unos cuantos trienios, que le concedían 1,5 puntos en la adjudicación, llegando a un máximo de una quincena de puntos.
La adjudicación ha sorprendido incluso a personal de la Casa, que no entienden cómo después del desastre del imam aún tuvo opciones a adjudicarse una vivienda, y además, de alto standing, aún no dos años después de los atentados. De todas formas, fuentes del caso insisten en que «estos procesos administrativos solo se detienen si hay un proceso disciplinario resuelto y que supone su inhabilitación o ser apartado de sus funciones». Hecho que podría impugnar su participación en la adjudicación. Por tanto, oficialmente, ni el jefe del CNI en Girona ni el oficial de control fueron objeto de una medida disciplinaria formal. Si no más bien un «castigo de silencio». Esta sería una de las definiciones del «reproche» a los agentes que controlaban, fiscalizaban y obtenían información de Abdelbaky Es Satty, el imam de Ripoll, líder de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017.
Más comparecientes
Por otro lado, la portavoz persistente de Junts per Catalunya en la Comisión, Pilar Calvo, presentó un escrito el pasado 22 de abril reclamando nuevas comparecencias a raíz de las informaciones que han ido apareciendo en las sucesivas sesiones. En la nueva lista se incorporan Hamid Barbach, portavoz de la mezquita de Ripoll; Said Bourjat, ayudante de Es Satty en la Mezquita; Adrian Fernández, converso en Castellón que intentó ser radicalizado por el imam y testificó en el juicio; Eric André Groby, uno de los vecinos de la casa de Alcanar; el agente Flama 106 de los Tedax de los Mossos d’Esquadra y el agente 77619 de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía. Todavía quedan demasiadas cosas y detalles por esclarecer.
