Cuatro años de la Operación Judas: terroristas por tener lejía

Madrugada del 23 de septiembre de 2019. La actualidad política catalana está pendiente de la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Proceso que condenaría a un total de casi 100 años de prisión a los líderes civiles e institucionales del independentismo vinculados al referéndum del 1-O del 2017. La Guardia Civil, por orden del juzgado central de instrucción número 6, en manos del juez Manuel García Castellón, y la Fiscalía Antiterrorista, lleva a cabo detenciones contra supuestos miembros de CDRs. Las acusaciones son gravísimas y los detenidos son trasladados a Madrid con el hashtag de ‘terroristas’. Una acusación sostenida a través de un atestado policial plagado de perlas, como cuando se admite que los investigadores tienen problemas para entender bien el catalán o se apunta como indicio de actividad terrorista el hecho de que los detenidos se conectaban al wifi de los restaurantes y tenían botellas de lejía en casa. Era la operación Judas.

Después de cuatro años, todos los investigados se encuentran en libertad a la espera de que el ministerio fiscal haga su escrito de acusación. La instrucción ha sido una verdadera batalla para las defensas, que han visto que la pieza se mantenía secreta y, además, se nutría de otra causa secreta, las misteriosas diligencias 104/17, que han estado casi cinco años cerradas. Un desbarajuste judicial que ha costado al juez instructor diversas broncas de la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Cuatro años después, un atestado con el sello de «secreto» y al cual ha tenido acceso El Món, relata cómo los agentes del Servicio de Información de la Guardia Secreto articularon una causa contra los CDR que todavía se intenta utilizar, como lo acredita el caso de la Vuelta.

“Palabras inconexas y en catalán”

El atestado policial se recoge dentro del anexo XIX de las diligencias 99/18. En concreto, el seguimiento de los investigados por parte de agentes de información del instituto armado. Uno de los informes policiales relata el dispositivo de vigilancia y control a uno de los investigados, Jordi. Es el 30 de agosto del 2019 y los policías lo siguen durante toda la jornada y constatan que hace gestiones en Correos, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Tres lugares donde, precisamente, no se pasearía un supuesto terrorista antes de cometer una acción.

Después, los agentes continúan el seguimiento hasta un restaurante donde come un menú con su pareja y su hermano. El seguimiento continúa hasta la tarde, donde se sienta en la terraza de una cafetería de Sabadell y se encuentra con otro de los procesados, Eduard. El agente encargado del seguimiento se instala en una mesa cercana y subraya que conversan «en catalán«. Un hecho que le supone dificultades, también por el hecho de que hablan bajito. El agente admite que solo entiende palabras “inconexas”, pero no deja constancia de ninguna. Solo y casualmente cuando el agente sospecha que hablan de cuestiones «sensibles» se levanta y se acerca y siente la expresión «clorhídrico que compré para la termita». El atestado no recoge ninguna expresión más.

Botes de lejía Conejo y papeles manuscritos

Los dispositivos de vigilancia de la Guardia Civil también se llevan a cabo en los domicilios de los investigados. En concreto, la vigilancia sirve para controlar las bolsas de basura que tiran en los contenedores. Después de una larga espera, los agentes que vigilan, una vez «asegurada la zona», sacan las bolsas y las vacían. Entre el material «sospechoso» hay una botella vacía de lejía Conejo con restos de un producto químico «transparente», tubos de cola Super-Blue, y un papel manuscrito con palabras como «trintrofenil metilnitramina», «ácido pícrico»; «cloratita» o «nitrocelulosa».

A estos indicios, los guardias civiles añaden la «usurpación de puntos wifi de restaurantes y establecimientos» como un protocolo «seguro» de comunicaciones, con apoyo de walkie-talkies, que respondería a una estructura articulada para hacer «acciones violentas que pueden provocar daños materiales y personales». Acciones que los investigadores igualan a las que en su momento «hacían organizaciones como ETA o Tierra Libre». «Tenían un plan de conspiración contra las instituciones del Estado», detallan los investigadores aportando los seguimientos, los restos de la basura y conversaciones interceptadas, todo apunta, con sistemas como Pegasus de intromisión a los aparatos móviles.

Los diferentes niveles

Este atestado articula una doble función de todo el grupo investigado y ahora procesado. Supuestamente, todos ellos integraban lo que la Guardia Civil bautiza como «Equipo de Reacción Táctica», ERT, que se desdoblaría en dos grupos. Un «núcleo productor», que se encargaría de la logística de los actos, y un «núcleo ejecutor formado por los CDR más radicales», que llevaría a cabo las acciones previstas. Por encima del ERT y de estos dos grupos, este atestado de agosto del 2019 considera que la dirección de todo estaba en manos del «CNI catalán«, un clásico ya en los diferentes atestados de la policía.

Los investigadores concluyen que con las pruebas recogidas en este atestado, los que ahora esperan juicio «forman parte del movimiento independentista global más radical y más combativo» que busca la «materialización de la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas, por eso, los investigados pertenezcan a los CDR y en el sector más radical, clandestino y comprometido». El caso ha despertado la solidaridad de las entidades antirrepresivas por el próximo Primero de Octubre y los actos centrales se dedicarán a los represaliados de este caso.