La separación de poderes empieza a construir trincheras entre ellos para mostrar abiertamente sus divergencias. El último ejemplo ha sido el acuerdo de la poderosa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha admitido a trámite la «solicitud de amparo» formulado por el magistrado titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. Una denuncia a raíz de las declaraciones tanto de líderes políticos como de la portavoz del Gobierno de la Generalitat, Patrícia Plaja, sobre su interlocutoria sobre Tsunami Democrático de este lunes, donde imputaba por terrorismo el presidente al exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general al exilio, Marta Rovira, entre otros.
Plaja no es el único objetivo del amparo del magistrado, también incluye el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, que en una emisora de radio criticó el contenido y la forma de la resolución judicial del pasado 6 de octubre que, incluso el ministerio público, considera abusiva y pase de vueltas. Todo en el marco de las diligencias previas 85/2019 que investigan las actividades del Tsunami Democrático.
Declaraciones que quieren influir
Según García-Castellón, de las declaraciones de los dos hay que inferir la “intención de influir en el procedimiento judicial, así como la de inquietarlo o disturbarlo en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”. Una consecuencia que le daría amparo del poder judicial y que incluso, puede comunicar a la fiscalía para abrir diligencias penales contra los autores.
El acuerdo de la Comisión Permanente señala que «en reiteradas ocasiones» el CGPJ ha afirmado que «la concesión del amparo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene como cimiento la concurrencia de circunstancias y presupuestos que, analizados desde un punto de vista objetivo, consigan virtualidad suficiente para conseguir la perturbación de la independencia judicial».
En este caso, los miembros del poder judicial, animados en una particular guerra contra la ley de amnistía, afirman que “del relato de hechos reflejado a la solicitud de amparo efectuado, se puede considerar
Sin mayoría
El acuerdo de admisión ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, el vocal Vicente Guilarte, y de los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Àngels Carmona y Carmen Llombart. Las vocales Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda han votado en contra. Cabrejas ha justificado su voto en un escrito en que explica que en su opinión en el presente caso se cumplen los requisitos por la admisión a trámite de la petición de amparo. En concreto, que «las actuaciones de terceros referidas por el magistrado no solo lesionan el valor de independencia judicial, sino que además influyan en el proceso de toma de decisiones judiciales».
Ahora bien, la vocal ha propuesto que la Comisión Permanente que adoptara una declaración en que se pusiera de manifiesto que las declaraciones puestas en conocimiento del CGPJ por García-Castellón “resulten inadmisibles y se tienen que calificar en los términos justos que se merecen: un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales, cuando proceden de responsables públicos y políticos, adquieren perfiles de especial gravedad”.
