La justicia nunca se cansa, y en España, aún menos. El nuevo curso político que se ha iniciado este mes de septiembre viene determinado de nuevo por el poder judicial. De hecho, los próximos juicios programados, las sentencias que están a punto de salir sobre asuntos de alto voltaje político y las decisiones sobre la amnistía ya señalaban que la agenda política sería determinada por las togas. De hecho, esta tendencia se había confirmado especialmente los últimos meses con la caída por inhabilitación de una pieza esencial de los poderes públicos, la del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Pero la crisis de Ceuta ha remachado y ha remarcado el poder de los jueces para marcar el paso a las instituciones del Estado.
Dos decisiones relacionadas con Ceuta han sido artillería pesada contra Pedro Sánchez y su gobierno, que ya cerró el curso político asediado judicialmente y políticamente. La crisis institucional, política y de seguridad que ha abierto la entrada masiva de inmigrantes de Ceuta entre el 30 julio y el 31 ha incrementado la sensación de soledad de la Moncloa. Solo hay que recordar que el ejecutivo se ha desgañitado inútilmente por intentar sacar al Estado marroquí de la ecuación, un relato que ni sus socios de gobierno -Sumar y Comuns- ni sus socios de gobernabilidad -ERC, Bildu o PNV- se han tragado.
Los tribunales, en el centro del escenario este otoño
La actual situación de angustia del gobierno de Sánchez por el caso de Ceuta ya tiene su origen, de hecho, en el poder judicial. Es uno más de los quebraderos de cabeza de Sánchez vinculados a los tribunales, con dos de sus secretarios de organización en el PSOE implicados en casos de corrupción –uno condenado y pendiente de otra condena y otro procesado en una instrucción judicial–; la espera del juicio por jurado a su esposa, Begoña Gómez; la rebelión judicial contra la aplicación de la amnistía y las investigaciones del caso Leire y del caso Zapatero.
Hay que añadir a todo esto las resoluciones que deben llegar de los juicios contra la familia Pujol Ferrusola, por la operación Kitchen y por la operación Mito, que buscaba las cosquillas al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, así como las decisiones del Tribunal Constitucional sobre el modelo de inmersión sobre la amnistía.
Todo este ambiente sobrevolará el jueves, 10 de septiembre, la sede del Tribunal Supremo, que será el escenario de la puesta de largo del nuevo año judicial. Una ceremonia calculadísima y presidida por el monarca español, Felipe de Borbón, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la magistrada Isabel Perelló. Un acto protocolario pero en el que, además de las reivindicaciones crónicas de la alta magistratura española por falta de recursos y, sobre todo, clamando por defender la independencia judicial ante supuestos ataques de los otros poderes del Estado, siempre hay un alto voltaje político, sobre todo en la época en que Carlos Lesmes era presidente del Tribunal Supremo durante la etapa del Procés. De hecho, Lesmes también tiene un papel relevante en la crisis en el enclave español en el norte de África.
Ceuta remacha el clavo
Si las togas ya tenían el control de la agenda política, el inicio de este curso político aún ha remarcado más esta tendencia con el desorden de Ceuta. Todo esto después de que la Audiencia Nacional pidiera un informe al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), del Cuerpo Nacional de Policía, sin comunicarlo a la dirección política ni del CNP ni del ministerio del Interior, aprovechando que era una investigación judicial y, como tal, no había ninguna obligación de mantener informados a los superiores. Un informe que tomó por sorpresa a la Moncloa, ya que desvirtúa su tesis de que el Reino de Marruecos no tenía nada que ver con los hechos y que ha hecho que la alta magistratura cierre filas con la jueza instructora del caso, María Tardón, titular del Tribunal Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. La postura de los jueces ha hecho que incluso la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, haya encomendado a todo un tótem del ministerio público como es el fiscal en jefe de la Audiencia Nacional, Javier Alonso, la asunción de la causa, que lo primero que ha hecho ha sido avalar la competencia de Tardón en el caso.
El informe incorporaba un detalle importante, la referencia a la resolución del Tribunal Supremo 814/2026, del pasado 29 de junio. Una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo, en concreto de la sección quinta, que preside Carlos Lesmes. La decisión del Supremo establecía que la ley no permite las «devoluciones en caliente», es decir, el rechazo en la misma frontera de los migrantes que pretenden entrar nadando a Ceuta y Melilla. Una resolución que el gobierno percibió como un mal augurio porque vinculaban la decisión a un repunte de la presión migratoria. A pesar de esto, de momento, evitó anunciar una reforma de la ley de extranjería para esquivar el veredicto.
Una vez se registró la crisis de Ceuta, desde el gobierno español se señalaba a la utilización de la sentencia del Supremo para espolear la migración irregular hacia España, especialmente por las fronteras del Estado en el sur. El informe del CENIF remarca que la resolución fue un «factor concurrente de impulso» de la entrada masiva de migrantes. Según los analistas policiales, «la sentencia no se puede considerar en sí misma, por su contenido, como un elemento narrativo dinamizador de la convocatoria, sino que lo es por su manipulación y utilización». En esta línea, añaden que «se utiliza como una base creíble, revestida de autoridad que da este componente garantista de seguridad judicial y con esto se consigue reforzar un mensaje potente, de gran credibilidad y de fácil transmisión». «La distorsión de esta sentencia y su traducción al lenguaje viral es: si entras nadando, no pueden devolverte», asegura la policía.
La amenaza de la extrema derecha
El informe del CENIF que apoya la tesis de la participación de resortes estatales de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes y contradice la versión del gobierno español ha servido a la oposición de la extrema derecha española para plantear una clara amenaza contra Pedro Sánchez. Más allá de Vox, que, en el debate celebrado este jueves sobre la crisis, pedía procesar por traidor al presidente español, fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien lo advirtió con un inquietante: “Señor Sánchez, míreme, lo pagará. Ante la justicia y ante las urnas”. Una afirmación que hace pensar en la capacidad del PP –o la que cree Feijóo que tiene– para llamar a filas a la judicatura para que actúe contra Sánchez.
Por otro lado, las insinuaciones de falta de lealtad por parte de la jueza –por el hecho de tener un informe y no permitir que lo tuviera el gobierno de Pedro Sánchez– aún han puesto más en guardia a los magistrados españoles. Y sobre todo, después de que los reproches se pusieran negro sobre blanco con una carta enviada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, -magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional- con la que acusaba a la magistrada de ocultar un informe «de gran interés» para el ministerio y para que el «gobierno ejerza con más acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”.
Ni la sala de gobierno ni la presidenta del Consejo General del Poder Judicial han apoyado a Marlaska. Y, finalmente, han difundido un comunicado con el que manifiestan «su apoyo absoluto a la actuación de la magistrada que no solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, al contrario, está actuando para la preservación y la defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales».
La Audiencia Nacional, centro de gravedad
A todo esto hay que añadir, el magma judicial en que miembros del PSOE están involucrados, con el epicentro en la Audiencia Nacional. Así, están abiertas las instrucciones del caso Santos Cerdán por su relación con la gestión de las adjudicaciones del Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos al frente, del caso Leire por la cloaca del PSOE, también investigado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, y el caso Zapatero, por el sumario de Plus Ultra. Tres casos que acosan a la formación socialista. También está a punto de celebrarse la vista del juicio por el tribunal del jurado contra Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, por varios delitos. Por otro lado, hay que esperar las decisiones en sentencias delicadas también en la Audiencia Nacional como la del caso Pujol; la de la operación Kitchen, donde está acusado el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la del caso Mito. También la Audiencia Nacional juzgará este año las últimas piezas de corrupción del PP, como es el caso Lezo, y el caso 3%, que afecta al financiamiento de la extinta CDC.
Más carpetas abiertas que incidirán en la actividad política se encontrarán a partir del 22 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional empiece a deliberar sobre los recursos de amparo por la inaplicación de la amnistía a los condenados y procesados por malversación en el juicio del Procés. Una decisión que podría llegar en diciembre. Pero que, con certeza, habrá una segunda parte, con la respuesta que el Supremo dé al Constitucional, que podría abrir otra crisis jurisdiccional. También habrá la resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las cuestiones prejudiciales pendientes sobre la amnistía, en concreto, en el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ya que el TSJC ya ha advertido que las mantiene aunque podría aplicar la resolución del mes de julio del mismo TJUE, que avalaba la ley.
