Un verdadero tótem del ministerio público como es el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jaime Alonso, será el encargado de representar directamente al ministerio público en el caso de la crisis de Ceuta que instruye la titular del Tribunal Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón. Un caso, numerado como Diligencias Previas 64/26, que ya ha levantado bastante polvareda a raíz de la polémica sobre el ‘informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), del Cuerpo Nacional de Policía, que señalaba a Marruecos como responsable de la entrada masiva de inmigrantes el 30 y 31 de julio que ha abierto una grave crisis política, institucional y de seguridad en el Estado. Un caso que implica una responsabilidad extra para el ministerio público y donde recae toda la presión política.
Alonso aparta así al fiscal adscrito al juzgado instructor, o asume el caso por «la singularidad y trascendencia del caso». Además, fuentes de la fiscalía aseguran que lo hace en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional. De hecho, desde el ministerio público insisten en que no es inusual que se otorgue a un fiscal especializado o a un alto responsable de la fiscalía, un asunto concreto dada su gravedad. Alonso tendrá acceso a las diligencias y podrá calificar la competencia de la Audiencia Nacional a través de su informe y podrá intentar delimitar la acción de la investigación, así mismo podrá proponer indagatorias y evaluar la evolución de la instrucción.
De hecho, ahora la magistrada espera que el servicio de Información de la Guardia Civil le entregue un informe sobre los hechos. Será entonces cuando Alonso informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional y qué tipo de delito podría ver. De momento, de manera muy indiciaria, las diligencias son por un delito contra la integridad del Estado. Por otra parte, Alonso mantendrá al corriente a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de cualquier novedad trascendente del caso.
Alonso, un veterano de la Audiencia Nacional
El fiscal del caso Ceuta, que ingresó en la carrera fiscal en 1989 ejerció sus primeros 9 años con la toga en Barcelona, hasta que en 1998 fue destinado a la Audiencia Nacional de donde no se ha movido. En 2012 fue nombrado teniente fiscal de la fiscalía ante el tribunal especializado y llegó a ser fiscal de sala, en febrero de 2017. Pertenece a la Asociación de Fiscales -conservadora- pero tenía buena conexión con Dolores Delgado cuando era su jefa en la fiscalía de la Audiencia Nacional en materia terrorista. De hecho, Alonso llevó la coordinación, que no el día a día en manos de Miguel Ángel Carballo, de las acusaciones por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cambrils y Barcelona y fue quien pidió al mismo fiscal Carballo, que en el juicio a la cúpula de Interior por el 1-O, pidiera subsidiariamente una pena por desobediencia.
