«Cumpliré 75 años la próxima semana y todavía me pregunto cómo tuve la ocurrencia de pisar algunos callos». Esta ha sido la frase con la que el comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, ha iniciado su turno de última palabra en el juicio por la operación Kitchen, que este martes al mediodía ha quedado visto para sentencia. Una vista oral larga, conducida con profesionalidad por la magistrada Teresa Palacios, a pesar de las divergencias internas del tribunal, y que era altamente compleja. Un juicio sobre la presunta trama policial para robar documentación sensible sobre la financiación del PP que teóricamente estaba en manos de su extesorero, Luis Bárcenas.
Pocas veces se ha visto a un ministro del Interior en el banquillo de los acusados con peticiones de pena de la fiscalía de hasta 15 años de prisión por haber ordenado operaciones policiales encubiertas para tapar la financiación irregular de su partido. De hecho, en España no es el primer ministro del Interior procesado y juzgado, solo hay que recordar la condena a José Barrionuevo por terrorismo de Estado. Pero no solo el exministro Jorge Fernández Díaz estaba acusado, sino también su cúpula en el ministerio del Interior y la flor y nata del Cuerpo Nacional de Policía, con el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino, que, por otro lado, es el único condenado por la operación Cataluña.
Las jornadas finales del juicio no han aportado ninguna novedad. De hecho, han servido para que el elenco de abogados, que tenían un papel dificilísimo, defendieran por enésima vez la libre absolución de todos los acusados. Todos los procesados, en sus declaraciones negaron la existencia de esta operación clandestina que contrató al chófer de Bárcenas para conseguir información a cambio de dos mil euros al mes a cargo de fondos reservados, una oposición a policía aprobada y una pistola Glock valorada en 700 euros.
Una operación de inteligencia
El argumento central de todas las defensas es que la operación Kitchen no existió. De hecho, han llegado a afirmar que fue un «invento de Bárcenas y un grupo de periodistas». En todo caso, sí que reconocieron una «operación de inteligencia» para intentar encontrar el dinero que sospechaban que el extesorero tenía en el extranjero, en paraísos fiscales y ocultos de la hacienda española. En ningún caso, una «operación policial para sustraer documentos de un procedimiento judicial en curso».
La defensa de Villarejo ha incidido en restar importancia a las agendas del comisario, reduciéndolas a un compendio de impresiones, datos, hipótesis, escenarios, rumores, valoraciones o líneas de investigación como un agente de inteligencia. Una realidad que se aleja de lo que se considera «hechos indiscutibles». Una insistencia por parte del abogado del comisario porque es consciente de que buena parte de la acusación se sostiene en los diarios y los audios confiscados a Villarejo. El resto de defensas en los tres días dedicados a los informes finales han cargado especialmente contra la instrucción, la falta de prueba, los errores clamorosos y la investigación prospectiva. De hecho, se ha llegado a calificar por parte de las defensas que han sido víctimas de una «orgía acusatoria».
