Los caminos judiciales del Proceso son inescrutables, y más si se ponen en manos del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. El magistrado que instruye la causa Volhov, derivada de la operación Estela –de la cual se han archivado ocho de las nueve piezas que forman parte– ha dictado una nueva interlocutoria con la cual reabre el caso de la famosa y supuesta trama rusa del independentismo. Ahora bien, la resolución no se limita a prorrogar la instrucción durante seis meses, sino que hace una mezcla de datos, otros sumarios y hace aparecer nuevos protagonistas. Dos protagonistas tan llamativos como absurdos: la guerra de Ucrania y una carta remitida el día de los inocentes con recortes de prensa que ayudarían a construir su teoría.
La interlocutoria, difundida esta mañana, confirmaba la información de El Món del viernes, en que se anunciaba que la negociación de la amnistía haría reabrir la pieza de la Volhov que relacionaba el Kremlin con el Primero de Octubre y la posterior declaración de independencia nunca implementada. El argumentario del juez se sostiene en una resolución antigua, de agosto del 2019, pero añade nuevas interpretaciones de acuerdo con los nuevos elementos de la causa. En primer término, la sospecha del juez que miembros del presunto en torno al presidente ahora al exilio, Carles Puigdemont, habían comunicado las intenciones de Moscú de invadir Ucrania. Todo aliñado con unas supuestas relaciones con los «servicios secretos rusos», «la extrema derecha alemana e italiana» y la voluntad rusa de convertir Cataluña en un tipo de «Suiza de las criptomonedas».
«Estrechas relaciones personales»… y «una guerra»
En este marco, en su interlocutoria, el juez asegura que ha «revisado la abundante documentación que rae en las diferentes piezas» para concluir que ha encontrado «datos que identifican personas y confirmarían las estrechas relaciones personales que existen entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos, otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha italiana o alemana». La tesis del juez es que estas relaciones se mantenían por los «intereses a establecer relaciones de influencia política y económica de Cataluña, si se independizaba de manera unilateral de España».
Unas afirmaciones que el juez no abona con ninguna prueba fehaciente aportada a la interlocutoria más allá de documentos que ya había incorporado en la resolución del 2019. Ahora bien, el instructor osa a relacionar Cataluña con la guerra de Ucrania o, incluso, con un eventual conflicto armado entre la Unión Europea y Rusia. La narración del juez es que podría ser que «se iniciara una guerra entre la UE y Rusia y seria (según parece y se desprende de algunos de los mensajes encontrados al móvil de Víctor Tarradellas), la invasión de Ucrania y la consiguiente limitación del suministro del gas a Europa». Un escenario que, para el juez, sería el «primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso y su presidente Putin (de tendencia política de extrema derecha) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se contaría la salida de España de la Unión Europea a causa de la independencia unilateral de Cataluña con el apoyo del gobierno ruso, mediante apoyo económico y militar». Según el magistrado, de la prueba documental de la causa «se intuye que en 2018 Tarradellas ya sabía que empezaría la invasión de Ucrania por parte de Rusia», eso sí, sin aportar ningún dato más allá de remitir «mensajes cruzados el 2018».
La carta anónima del día de los inocentes
Para remachar el clavo de su tesis, el juez menciona, y aporta, una «carta anónima del 28 de diciembre del 2023» que «contendía unos recortes de prensa elaborados por el equipo de investigación periodística internacional llamado OCCRP-Organized Crime and Corruption Reporting Project». Unos recortes que informan de una hipotética reunión entre Carles Puigdemont y un emisario del presidente ruso, Vladimir Putin, que había sido un «antiguo diplomático ruso».
Es decir, un documento que no está firmado por nadie, ni jefe particular, ni, mucho menos, por ningún cuerpo policial. De hecho, asegura que en esta reunión -siguiendo los supuestos recortes de prensa- se ofrecieron «miles de soldados y millones de dólares a cambio que Cataluña fuera una Suiza de las criptomonedas». No es extraño en esta causa que el juez incluya anónimos. De hecho, El Mundo, el enero del 2022, destapó un informe blanqueado del CNI sobre Rusia y el Proceso que se coló a la causa.
