Ida y vuelta con dedicatoria la que han protagonizado esta mañana los equipos jurídicos de la Comisión Europea y los del Reino de España a raíz de la ley de amnistía. Bruselas y España se han enfrentado en la vista oral de las cuestiones prejudiciales contra la ley del olvido penal por el independentismo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) presentadas por Societat Civil Catalana (SCC) a través del Tribunal de Cuentas. Si, por un lado, tanto la Comisión Europea (CE) como el gobierno español han defendido que los gastos vinculados al 1-O no afectan los intereses financieros de la UE, la discrepancia no se ha hecho esperar.
Los abogados de la Unión interpretan que la ley de amnistía pone en duda la seguridad jurídica y apunta que la ley puede «discriminar». Carlos Urraca, de los servicios jurídicos de la CE, ha cuestionado que la ley respete los principios de seguridad jurídica e igualdad. A pesar de admitir que es competencia de los tribunales españoles analizarlo, la CE ha dicho que “no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general” porque “forma parte de un acuerdo de investidura”. Es decir, un acuerdo político como el que esgrimen las fuerzas políticas de derecha extrema y extrema derecha española. De hecho, ha convertido su informe en un resumen ampliado del argumentario del PP contra la amnistía.
Comisión de Venecia, también
Urraca recriminó al gobierno español que no siguiera las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Unas recomendaciones que, según este abogado, pedían una ley “más clara y precisa” y un “diálogo significativo” con tiempo para lograr una mayoría más amplia para aprobarla. “Hay dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la ley de amnistía sean claras y precisas”, remarcó Urraca durante la vista.
A la vista de la ofensiva de Urraca, abogado español, la abogacía del Estado ante la UE no se ha achicado y ha desplegado los argumentos y las razones expresadas en su escrito. Así, la letrada Andrea Gavela, ha advertido al TJUE que este es un debate “constitucional” que debe abordarse en España. “En ningún caso la ley puede ser calificada de autoamnistía”, ha recriminado. En este sentido, ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional que hace dos semanas avaló la ley y el criterio de trato diferencial de la norma, ya que procura “superar el conflicto político”. De todas maneras, Gavela ha defendido que la ley de amnistía respeta los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley.
