Poco a poco y buena letra. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz ha tenido que recular, aunque sea temporalmente en el polémico caso Telegram. Este lunes ha dictado una nueva providencia en que acuerda, dejar en espera el cierre de Telegram en España. El magistrado quiere tener claro la incidencia de la suspensión del servicio. Así, con carácter previo a la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram, ha pedido a la Comisaría General de información del Cuerpo Nacional de Policía un informe sobre la Plataforma Telegram.
El magistrado también solicita información sobre sus características así como sobre la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal que acordó a la interlocutoria del pasado viernes y que ahora queda en suspenso. La decisión de Pedraz ha levantado una ruidosa polémica que alcanza desde un encendido debate sobre la libertad de expresión y comunicaciones, los límites de una instrucción y el cimiento para tomar una medida de estas características sin calcular bien las consecuencias.
Los gigantes de la comunicación, al última
El proceso ha sido todo un despropósito. Sábado ordenó suspender de manera cautelar la aplicación de mensajería instantánea Telegram en todo el Estado español. Una decisión tomada a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus, los tres gigantes de la comunicación en el Estado, por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Los tres grandes operadores comunicativos reclamaron al juez una medida cautelar porque se paralizara la actividad de la aplicación de mensajería creada por los hermanos rusos Pável y Nicolai Dúrov mientras se lleva a cabo la investigación. Pedraz lo acordó sin tener presente la enzarzada mediática, político y jurídico en el que se metía. De hecho, ordenó la medida con el argumento que el operador no respondía a sus demandas.
