La supuesta trama rusa del Proceso no solo no se la tragó el magistrado Manuel García Castellón -poco amigo del independentismo- sino que ahora le recuerda al instructor de la causa Volhov que no se afane, no pierda el tiempo, porque ya archivó una investigación el 1 de julio de 2020. Así lo comunica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en respuesta a la petición que hizo el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, en manos del juez Joaquín Aguirre, publicada por este diario, con que pedía auxilio para investigar una pretensa injerencia rusa en el proceso soberanista.
La respuesta de la Audiencia Nacional llega pocos días después de que el juez Aguirre dictara una interlocutoria que convertía a once catalanes en agentes del Kremlin, entre este los presidentes Artur Mas i Carles Puigdemont, el abogado Gonzalo Boye o el periodista y escritor Carles Porta. El juez García Castellón ha contestado con la interlocutoria de archivo de la investigación que inició a raíz de un informe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, elaborado con recortes de diario y las declaraciones de un misterioso testigo protegido. La resolución, del 1 de julio de 2020, respondía también a la petición del fiscal antiterrorista, Miguel Ángel Carballo, que tampoco se ha tragado nunca la trama rusa.
La bofetada al juez Aguirre con esta respuesta ha sido acogida con satisfacción por las defensas. En primer término, porque es una instancia superior que marca el territorio al juez barcelonés y, en segundo lugar, porque García Castellón, muy poco amigo del independentismo como se ha visto en causas como Judas o Tsunami Democrático, no mujer ningún tipo de credibilidad a esta hipotética trama rusa. Incluso, en la resolución del 1 de julio, a la que ha tenido acceso El Món, califica la investigación de «causa general prospectiva».
Las diligencias 86/2019
La interlocutoria de archivo de julio de 2020 es especialmente clara y contundente con la investigación de la trama rusa. Incluso, el juez riñe a la policía para presentar un listado de independentistas -sin antecedentes penales- que, por el magistrado, no hacen nada ilegal y, además, lo hacen todo a la «luz pública». Es más, el juez recuerda que no es delito asistir a reuniones proindependencia en cualquier lugar del mundo. En este sentido, reprocha a la policía que dé como un delito la presencia «de actores rusos en Cataluña» porque solo «informaciones periodísticas» apuntan que serían miembros de los servicios secretos rusos.
Por otro lado, García Castellón valora el testigo protegido con nombre en clave TP2/19 que denunció las actuaciones rusas. El juez consideró que el testigo no aportó ningún «apoyo» documental ni fáctico «sólido e indiciario» que diera verosimilitud en su declaración. «Nada aporta la vía policial que nos permita mantener abierta la investigación, salvo que se quiera una causa general en busca de algún indicio que nos ayude a confirmar la tesis de partida». Es decir, el que el mismo García Castellón califica «de investigación prohibida». El portazo de la Audiencia Nacional ha sonado con fuerza al juzgado 1 de Barcelona.
