En línea con lo que ha sostenido durante toda la instrucción, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado a la sala del alto tribunal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La teniente fiscal, fiel a su estilo breve y directo, concluye en su escrito de calificación, de siete páginas y al que ha tenido acceso El Món, una vez abierto el juicio oral, que los hechos instruidos «no son constitutivos de delito y, por tanto, se debe declarar la libre absolución con todos los pronunciamientos inherentes».
Por otra parte, Sánchez Conde solicita también a la Sala Penal del Supremo que González Amador declare como testigo en el juicio oral, así como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el abogado de González Amador, Carlos Neira, a quien se dirigían los correos electrónicos explicando la conformidad de la pena por los delitos fiscales de la pareja de Ayuso. También incluye en la lista de testigos a varios periodistas y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y la Fiscal Superior, Almudena Lastra de Inés, así como los jefes de comunicación de la fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General del Estado.
García Ortiz, nada que ver
En su escrito, donde relata los hechos desde el punto de vista de la fiscalía y su política comunicativa, la teniente fiscal asegura que «no hay ninguna intervención que se pueda atribuir al Fiscal General del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal del caso Julián Salto Torres y el letrado de la pareja de Ayuso, Carlos Neira Herrera«. «La información contenida en estos correos electrónicos ya era conocida por otras personas antes de que el Fiscal General conociera los acuerdos y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía», añade el escrito.
