La guerra entre los cuatro fiscales del Proceso y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entra en una dimensión hasta ahora desconocida. La diferencia de criterio por la aplicación de l‘amnistía en los condenados o procesados por malversación ha desatado el conflicto civil en uno de los organismos centrales de la estructura institucional del Estado. Si martes, los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Javier Moreno desafiaban el fiscal general del Estado manteniendo que no se podían amnistiar los delitos de malversación, esta mañana García Ortiz ha recordado que es él quien manda.
A través de un decreto ordena a los fiscales pedir la amnistía en la causa especial contra el Proceso que se sigue a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Los cuatro fiscales, pero, han cumplido su amenaza y han pedido aplicar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por no estar de acuerdo con la orden. Un artículo que supone la convocatoria de una Junta de Fiscales para poner en común las diferencias y, si hace falta, relevar del caso a los cuatro fiscales. Ni un minuto ha tardado García Ortiz ha tardado a convocar por el martes a las nueve y media de la mañana la reunión de la Junta de Fiscales. De hecho, ayer mismo ya ordenó a todo el sanedrín de la fiscalía del Tribunal Supremo, bloquear la agenda por la hipotética celebración de este cónclave.
Un intenso conflicto
La situación de activar una de las válvulas de seguridad del principio jerárquico del Estatuto Fiscal se veía a venir desde que el pasado 30 de mayo, los fiscales del Proceso emitieron un informe donde cargaban contra la ley de amnistía. El hecho que los fiscales del Proceso volvieran a remitir un informe contra la aplicación de la amnistía en los casos de malversación ha inflamado las posiciones. De hecho, los casos afectados por la malversación son los de Carles Puigdemont, Lluís Puig, Toni Comín, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull así como las causas del Juzgado de Instrucción 18 y 13 de Barcelona y la acusación de Josep Maria Jové al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o bien el caso del ex consejero de Interior, Miquel Buch y el sargento de los Mossos d’Esquadra, Lluís Escolà.
El Fiscal General ha replicado hoy mismo los cuatro fiscales, con un decreto que los obliga a pedir la amnistía por todos los encartados en el Supremo. Un informe de 133 páginas donde carga las tintas contra los fiscales. La respuesta de la cuadriga del juicio del Supremo ha sido pedir la aplicación del artículo 27, forzar una Junta de Fiscales y, si de caso, que sean relevados por la Fiscalía los cuatro. Al Fiscal General no le ha temblado el pulso y ha afrontado la iniciativa convocando de manera urgente el cónclave que todo apunta que será una batalla campal.
