Agustí Carles (Barcelona, 1964), es abogado y ex juez. De hecho, llevó la toga de la judicatura de 1990 hasta el año 2000. Mediáticamente, ha tenido proyección cuando ha llevado casos como por ejemplo el de la acusación particular del padre del niño muerto en el atentado del 17-A en la Rambla, y es uno de los principales colaboradores del Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA), a través del equipo de abogados catalanes Drets. Es la entidad que ha interpuesto la querella contra el expresidente español Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro por la trama andorrana de la operación Cataluña. En octubre ampliaron la querella y ahora ya suman ocho imputados, una parte de los cuales ya están personados ante la justicia andorrana. Rajoy y Montoro han entorpecido el proceso. En esta entrevista, Carles esboza como fue el guion de la operación Cataluña en el Principado de Andorra, que sirve, sobre todo, para ver el
Cuando se reactiva la investigación de la trama andorrana de la operación Cataluña, en España se activan todas las respuestas mediáticas.
No es ninguna casualidad. Hemos aportado muchas pruebas de que la trama andorrana iba ligada a lo que pasaba políticamente en Cataluña.
¿Se ha admitido ya la ampliación de la querella?
Todavía no. La otra vez tardó casi dos años. De hecho, de la primera parte de la querella ya se han enviado las comisiones rogatorias, hay unos cuantos de ocho imputados personados, pero faltan las de Mariano Rajoy y el ministro Cristóbal Montoro, que esperamos que acabe el trámite desde julio de 2022.
De hecho, la fiscalía intenta parar el proceso contra Rajoy…
Primero hay que tener presente que el Instituto de Derechos Humanos de Andorra no es parte en la comisión rogatoria. Nos enteramos de lo que pasa por la prensa. Lo que dice la fiscalía es que no ha podido ver la querella… es extraño. La fiscalía andorrana no se opuso a admitir la querella. Podían llamar y pedirla. Por cierto, la fiscalía se confunde y mete a Drets por el medio, y Drets no ha actuado nunca en Andorra, es un equipo de abogados catalanes que colabora con los abogados andorranos. Si en vez de imputar al presidente español, se hubiera imputado al presidente de la república francesa, habrían buscado un equipo de abogados franceses.
Pero hay comisiones rogatorias que ya se han cumplimentado, salvo las de Rajoy y Montoro
Sí, la jueza andorrana -creo que con buen criterio- envió las comisiones rogatorias para los ocho imputados por separado. Las de Rajoy y Montoro, curiosamente, se han juntado al tocar a la misma jueza. En cambio, con el resto no ha habido ningún problema, nadie ha osado decir que estaba mal tramitada o había un problema político. Es extraño, siempre que aparece el expresidente Rajoy se entorpecen las cosas, a pesar de que en un primer momento tanto la justicia penal como la administrativa avalaron la tramitación. Ahora estamos esperando. Es curioso que unas personas que siempre reclaman a los otros que atiendan las peticiones de la justicia ahora no lo hagan.
Tanto el Instituto de Derechos Humanos de Andorra como Drets distinguen tres fases de la operación Cataluña en Andorra: la operación diplomática, la fase de ejecución con la policía patriótica y la acción que habría comportado el cierre de dos bancos, la BPA y su filial española, Banco Madrid, a escala internacional.
Sí, es así.
¿Todo ello no suena un poco fuerte?
Sí, es muy fuerte. Pero ya en 2019 pedimos a la justicia andorrana que practicara alguna prueba. Por ejemplo, un informe de la policía andorrana sobre la BPA. Todavía lo esperamos. Por este motivo fuimos nosotros los que nos pusimos a buscar y encontrar las pruebas. Es entonces cuando descubrimos las tres fases. La primera es la diplomática, en 2012 y 2013 hay más visitas de alto nivel que en veinte años. En segundo lugar, la fase de ejecución, que implica el ataque a la BPA por parte de la policía patriótica, que ya se ha constatado en el juicio de Andorra por el cierre de la entidad, con el objetivo de conseguir información de la familia del expresidente Jordi Pujol, del presidente Artur Mas y del presidente de ERC, Oriol Junqueras. La tercera sería la fase internacional. Esta fase sería el operativo para convencer a una autoridad internacional de que la BPA tiene relación con el blanqueo de capitales, para presionar al banco.
¿Y cómo fue?
Aquí es donde aparecen el caso Gao Ping [caso Emperador en España, donde todavía espera juicio] y el caso Petrov, del cual ya había informado la BPA a las autoridades en 2012 y en 2013. Pero la policía patriótica recupera esta información para dirigirse, presuntamente, al departamento del Tesoro norteamericano, el FinCen. Les envían la información sobre Gao Ping, Petrov y el caso Venezolanos [un caso de Andorra], de los cuales exageran las cantidades y se sesgan los datos. De hecho, también reclamamos investigar qué papel tuvieron las autoridades andorranas. Envían esta información teniendo presente que la BPA trabajaba con entidades norteamericanas.
¿Es entonces cuando se emite la nota del FinCen?
Exacto. Es una nota con que se emite una alerta de aviso sobre esta banca, ordena a los bancos norteamericanos que no trabajen con ella y da 60 días en la entidad para defenderse. Pero el impacto y las reacciones de las autoridades españolas y andorranas hacen cerrar la BPA. Aquí empieza una cuarta fase. La policía sube a Andorra para hurgar en los archivos de la BPA, pero no encuentran ninguna cuenta comprometida con ningún líder independentista más allá del famoso pantallazo con el dinero de la familia Pujol.
Por lo tanto, ¿ustedes tampoco descartan cierta connivencia del gobierno andorrano?
Esta es la duda que tenemos y pedimos a la juez andorrana que tome declaración a responsables de gobierno como por ejemplo los ministros. Por ejemplo, todo esto pasa en marzo, pero el 8 de enero Mariano Rajoy visita Andorra para firmar un memorándum sin ningún efecto jurídico. Un encuentro en la cual entendemos que Rajoy explica al traspasado jefe de gobierno Toni Martí que la BPA tiene un problema. No sabemos qué hizo entonces el gobierno de Andorra, es lo que también pedimos que se investigue.
Pero esta nota al final se levanta.
Sí, los propietarios del banco, Higini y Ramon Cierco, presentan alegaciones dentro del plazo de 60 días, e incluso presentan una demanda contra el Tesoro norteamericano por haber emitido la nota. Además, piden las pruebas en las que se basaron para emitir la nota y quién pasó la información. El FinCen aporta unos documentos encriptados. El juez norteamericano les dio 48 horas para descifrar los mails o bien levantar la nota. Se optó por esta segunda opción. De hecho, se quedó en una nebulosa, porque se levantó la nota del FinCen dado que no había peligro porque los bancos ya no existían. Aquí hay dos estados que se están protegiendo. Lo que estamos haciendo desde el IDHA no es proteger los Pujol, ni a la banca, sino a la soberanía andorrana.
¿Y qué papel juega el comisario Villarejo en todo esto?
El comisario hace llegar a los propietarios de la BPA unas notas de inteligencia dirigidas a la dirección adjunta operativa del Cuerpo Nacional de Policía y a la cúpula de Interior donde informa de lo que está pasando en Andorra. Él no interviene directamente, pero sabe lo que pasa, y va emitiendo notas con advertencias del riesgo que supone hacer determinadas acciones en otro país. Ninguna policía puede hacer cerrar un banco, y, por lo tanto, la pregunta clave es quién puede cerrar un banco. Es aquí donde hay que dar el salto hacia la cúpula política. Al final, si el Tesoro norteamericano se cree la historia sobre la BPA es porque la información le llega de una fuente oficial española como es el gobierno.
Pero continúan varias causas abiertas contra la BPA…
El gobierno andorrano asumió la tesis sobre la BPA del departamento del Tesoro de los EE. UU.. Por no poner en peligro la plaza financiera andorrana intervino. Ahora, cualquier operación que tuviera la BPA era blanqueo, cuando hasta el 2015 Andorra era una plaza offshore. De hecho, la justicia española ha concluido que Banco Madrid se cerró irregularmente porque no se ha acreditado que hicieran operaciones de blanqueo. La fiscalía española estuvo nueve horas copiando información, una vez que la BPA se intervino.
Aparece un nuevo personaje en la ampliación de la querella, el comandante Basilio de la Guardia Civil…
Es un oficial de la Guardia Civil, como investigador del caso Petrov, que se ha jactado de haber pasado la información de la BPA al Tesoro de los EE. UU. Documentos informativos que en la causa contra la entidad no están.
Ustedes llegan a la convicción de que todo ello es una operación de estado.
Mire, Higini Cierco, en agosto de 2016, declara ante la juez instructora andorrana que se encontraban ante un crimen de estado. Si todo se prueba, es un crimen de estado. Además, hay que tener presente que tanto el Reino de España como la República Francesa tienen firmado un convenio de buena vecindad para que no pasen cosas como estas. Es un ataque clarísimo a la soberanía andorrana porque querían una información que nunca apareció. En esta causa vemos un modus operandi del Estado español.
