Estirada de orejas, con cuidado, pero un aviso claro a la Administración General de la Generalitat de Cataluña (AGGC) por sus cuentas anuales. La Sindicatura de Comptes ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso El Món, con que revisa, como órgano fiscalizador del sector público de Cataluña, el ejercicio 2021 de la Cuenta general de la Generalitat de Cataluña. En el documento, el órgano fiscalizador muestra su desazón por los «deudas de dudoso cobro» que tienen las cuentas del Gobierno así como la carencia de previsión de pagos habituales tanto de la Administración General como de entidades como el Catsalut. La Sindicatura de cuentas también lamenta la «carencia de información fiable sobre las deudas pendientes» y cierto follón en los datos.
Por otro lado, la Sindicatura alerta que el conjunto de las entidades que integran la AGCC no trabajan con los mismos protocolos contables. Un hecho que condiciona el control de los números dando por sentado que no hay un «procedimiento sistemático de conciliación de los saldos contables y presupuestarios del AGGC y del resto de entidades multigrupo y asociadas» que permitiría presentar unos estados consolidados completos. El informe también se queja de los conceptos de los apuntes contables que no facilita la tarea de seguimiento y control financiero de los gastos y los ingresos.
Hacer limpio de deudas difíciles de cobrar
El informe resalta que el 31 de diciembre del 2021 había 558,47 M€ de «derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores de las tesorerías territoriales». Una cantidad que preocupa la Sindicatura porque «la AGGC no tenía información fiable sobre la antigüedad de la deuda pendiente de cobro«. En este sentido, destaca que «solo disponía de un listado generado por la Agencia Tributaria de Cataluña, que no coincidía con los datos contables del AGGC, con una relación de derechos pendientes de cobro de deudas tributarias clasificadas según el ejercicio de contabilización del derecho y la aplicación presupuestaria».
Los técnicos de la Sindicatura subrayan que por estas deudas la AGGC ha contabilizado en el ejercicio 2021 una provisión de 203,61 M€ para cubrir el riesgo de insolvencias y anulaciones de los derechos pendientes de cobro de las tesorerías territoriales con origen del derecho en el ejercicio 2017 y anteriores. Ahora bien, la misma Sindicatura admite que «no ha podido determinar si la provisión dotada para cubrir el riesgo de insolvencias y anulaciones es suficiente, puesto que la AGGC no disponía de información fiable para determinar el importe final a provisionar«. Con esta premisa, la Sindicatura recomienda que la Generalitat «tendría que elaborar un listado de antigüedad de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados coincidente con los saldos contable para poder hacer un seguimiento adecuado de las deudas de dudoso cobro, depurar los importes que hubieran prescrito y dotar la provisión correspondiente».
Mejorar la gestión
Por otro lado, los síndicos de Cuentas proponen a la Generalitat mejoras y recomendaciones para aclarar los estados contables de la Administración. En este sentido, resaltan que las «descripciones de los apuntes contables en los listados informáticos y en los diferentes documentos contables pueden ser claramente mejoradas para facilitar la tarea de seguimiento». También pide que el «sector público administrativo tendría que finalizar las tareas de comprobación, actualización y sistematización de los datos del inventario de la Generalitat para poder disponer de un inventario actualizado y conciliarlo con los registros contables del inmovilizado». Es decir, que asee el sistema contable y poder tener un control sobre los fondos previstos para gastar.
En otro punto, la Sindicatura avisa que el presupuesto de gastos de la AGGC, del CatSalut y de algunas de las entidades autónomas de carácter administrativo no contienen «crédito suficiente y adecuado para atender todos los gastos previsibles e ineludibles, de acuerdo con los ingresos previstos». Es decir, que presupuestariamente hacen corto a pesar de saber el volumen del gasto. «La insuficiencia presupuestaria condiciona la adecuada gestión administrativa y contable del presupuesto», insiste la Sindicatura.
