La polémica rodea el proyecto para construir la línea de mucha alta tensión entre Cataluña y Aragón cada vez coge más fuerza. El consejero de Acción Climática, David Mascort, se ha pronunciado este miércoles sobre la aprobación del proyecto y asegura que, a pesar de que se acabara aprobando, la ejecución está sujeto al informe favorable de biodiversidad de la Generalitat. En este sentido, pero, la polémica llega porque Mascort cree que el ministerio pone «presión» en la Generalitat porque sea ella quien no lo autorice, puesto que lamenta que el Ministerio por la Transición Energética quiera «condicionar la autorización a un informe técnico»: «Nos parece que es querer traspasar la responsabilidad en la Generalitat«, añade.
El que prevé este proyecto es construir una línia de mucha alta tensión, de lo contrario conocida como MATE, entre los pueblos de Teruel (Aragón) y Begues (Cataluña) con el objetivo de transportar energía fotovoltaica. Es decir, extender una línea que recorrerá más de 182 km atravesando el Ebro, Tarragona, el Penedès y el Baix Llobregat. Ante la enorme magnitud del proyecto y la importancia que tendrá por Cataluña, Mascort carga contra España y los acusa de haber actuado «deslealmente», puesto que cree que los quieren «colar su modelo por la puerta trasera» porque este tipo de líneas no son el modelo de la Generalitat. Mascort defiende que desde el Gobierno apuestan por una energía «distribuida por el territorio».
La reacción de la Diputación de Tarragona
Este macroproyecto ha causado más reacciones además de la del consejero Mascort. La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha declarado este miércoles al ACN que desde su ente supramunicipal «no se han movido del posicionamiento que tenían». De hecho, en este sentido, Llauradó avisa que ya han presentado alegaciones por la construcción de la MATE. «Un proyecto de estas magnitudes no nos hace falta», asegura la presidenta de la Diputación, que añade que la construcción de esta línea tendría un «elevado impacto paisajístico» que no se justifica con las «necesidades» del territorio.
