La futura presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, ha consensuado un plan con Vox para relegar el catalán en la región. La dirigente popular, que este lunes pronunció su discurso de investidura íntegramente en catalán, ha defendido su pacto de legislatura con la extrema derecha, que incluye varias medidas para acabar con la convivencia lingüística del catalán y el castellano en las Baleares. Bajo un discurso de una supuesta “libertad”, Prohens tiene una hoja de ruta muy clara que tiene como objetivo último recuperar la preeminencia del castellano en la administración pública, en especial en la educación y la sanidad, dos de los grandes campos de batalla de la normalización lingüística.
A pesar de que entidades como Plataforma por la Lengua alertan que en los últimos ocho años el gobierno del PSOE tampoco ha hecho los deberes para impulsar el catalán, la llegada de PP y Vox supondrá un retroceso en el uso del catalán en las Islas Baleares y una nueva oleada de españolización de la región. “Defender la unidad de España no excluye ser y sentir la identidad y cultura de nuestras Islas. Ni querer una inmigración regulada no nos hace menos humanos. Ni no exigir el catalán a los médicos nos hace enemigos de la lengua”, ha avisado Prohens durante su intervención en el Parlamento balear, donde ha dejado muy claras sus prioridades. «Defenderé personalmente este acuerdo y me implicaré en la aplicación de las medidas que incluye, porque representan el cambio que necesitan las Islas Baleares”.
La sanidad y la educación, primeras víctimas del pacto PP-Vox
Una de las primeras medidas que aprobará el nuevo gobierno del PP –que ha dejado fuera de las consejerías en Vox, pero le ha comprado totalmente el discurso– será dejar de exigir el catalán a los profesionales sanitarios que quieran trabajar en las Islas. “Eliminaremos requisitos disuasivos, como es el caso del requisito lingüístico”, ha advertido. Los populares hace años que claman contra los requisitos lingüísticos que se piden a los funcionarios públicos de los territorios con lengua propia, en especial en Cataluña, pero también en el País Valenciano y en las Baleares. Ahora que ya gobierna en la Generalitat valenciana y en las Islas, el PP tiene vía libre para desmantelar los adelantos lingüísticos que se han hecho en los dos territorios en los últimos años.
El otro gran ataque contra el catalán será en la educación. Después de muchas negociaciones, la pasada legislatura el Parlamento balear aprobó una ley que garantizaba que la mitad de las horas lectivas en la escuela se hicieran en catalán y daba libertad a los centros para decidir el resto. Prohens defiende que las familias tienen que poder elegir la lengua de escolarización de los niños y considera que cualquier modelo parecido a la inmersión lingüística catalana es un “adoctrinamiento ideológico” que relega el castellano a un segundo plano. “Nadie puede robar a los padres el derecho de elegir cómo se educan a sus hijos. Nadie tendría que tener miedo a la libertad”. Por eso dejarán elegir cuál será la lengua vehicular, “siempre teniendo en cuenta que hay dos lenguas oficiales”.
Clamor de la sociedad civil balear
Entidades como Obra Cultural Balear (OCB) han puesto el grito en el cielo por la ofensiva de Prohens contra el catalán. “La política de mano extendida del PP con la ultraderecha prevé un retroceso en derechos y libertades y no augura nada de bueno para las Islas Baleares”, advierte la OCB en un comunicado. La entidad considera “extremadamente grave” el acuerdo de investidura del PP y Vox porque “impregna la acción de gobierno de propuestas ideológicas que solo buscan romper el modelo de convivencia que ha funcionado durante estos últimos 40 años de democracia”. El OCB alerta que las primeras medidas que quiere aprobar el nuevo gobierno balear “atentan contra la pluralidad lingüística del Estado español y buscan la uniformización lingüística con la imposición de una lengua única, el castellano”.
La OCB se ha mostrado especialmente crítica con los cambios que quieren introducir en las escuelas. “La intención de aplicar la libre elección de lengua en la enseñanza significa la segregación de los alumnos en función de su idioma, es una decisión discriminatoria, no integradora y que hará imposible que los alumnos al acabar su etapa de formación obligatoria tengan el mismo dominio de las lenguas oficiales, especialmente, de la catalana, que está en situación de desigualdad en nuestro territorio”.
