El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró en la última sesión de control en el Parlamento que el Gobierno estudiaría la posibilidad de prohibir la compra especulativa de vivienda y que había encargado a la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, analizar la viabilidad de la propuesta. Illa hizo esta declaración de intenciones el pasado 22 de octubre, dos semanas después de que los socialistas rechazaran en el debate de política general dos propuestas de resolución, de Comuns y de la CUP, que pedían precisamente esto. Y, además, esa misma semana, los socialistas también dejaron caer, en este caso en el Congreso, una proposición no de ley de Esquerra Republicana que pedía prohibir la compra de viviendas a los no residentes en el estado español. Es decir, los socialistas ya han votado hasta tres veces en contra de estudiar o prohibir la compra especulativa de vivienda.
El compromiso verbal de Illa de estudiar la posibilidad de prohibir la compra especulativa de vivienda llegó después de que la diputada de la CUP Laure Vega le reclamara actuaciones en esta línea. “Hay un informe de hace diez días que decía que es perfectamente legal prohibir la compra especulativa, de hecho, que es perfectamente constitucional, que creemos que esto seguramente a su Gobierno le interese», le espetó en la sesión de control. La portavoz anticapitalista hacía referencia a un informe encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), una asociación sin ánimo de lucro creada en 1988, que concluye que limitar las compraventas especulativas de vivienda y permitir que solo se pueda comprar un piso para vivir en él es legal en las zonas de mercado tensionado, amparándose en la Constitución y las leyes de urbanismo. Además de esto, Vega también le recordó que “hay una mayoría” de los votantes del PSOE que está a favor de limitar a uno o dos viviendas el número que puede tener cada persona.
Hablemos, pero no mucho
Illa aceptó entrar en el debate, pero inmediatamente marcó los límites. Respondió a Vega que había hablado con Paneque sobre el informe y que “se está estudiando” y aseguró que “todo lo que se pueda hacer con cierto realismo y con verosimilitud que pueda ser una política efectiva para garantizar la vivienda como un derecho, se hará”. “El problema es que las cosas no pueden quedar en promesas vacías, porque por desgracia en este Parlamento siempre se han hecho muchas promesas y se han cumplido muy pocas”, le reprochó la representante de la CUP a Illa, quien se limitó a insistir que “estudiarlo significa estudiarlo” y no nada más. El presidente aseguró que ya están analizando el informe del PEMB y dejó claro que antes de tomar cualquier decisión “debemos tener antes la certeza de que [las medidas que se tomen] son viables efectivas”.
La misma consejera ha dicho esta semana en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo que continúan estudiando el contenido del informe y ha añadido que encargarán informes jurídicos al respecto, porque «la responsabilidad» del Gobierno es explorar todas las vías para que “cualquier vivienda en Cataluña tenga un uso preferente residencial y evitar la especulación sobre un bien, que antes debe ser derecho que bien”.
La CUP no se fía, pero tiende la mano
Las explicaciones de Illa no satisficieron a la formación anticapitalista, que aprovechó su intervención en el debate de una moción sobre vivienda para advertir a los socialistas que “este tiempo de prórroga en el que estudian las propuestas es un tiempo triste en el cual parecería que esta gente es la que va ganando terreno”. Así, Vega recordó que los socialistas han votado dos veces en contra de la medida y remarcó que “más allá de la propaganda, tenemos hechos y podemos avanzar todos juntos: prohibir la compra especulativa, limitar el número de viviendas por persona, bajar los precios”. “La vivienda es un derecho, no es un negocio. Y si es un derecho, que sea ley”, reclamó.
Aun así, la líder de la CUP en el Parlamento, Pilar Castillejo, dejó la puerta abierta a acordar con Salvador Illa la limitación de la compra especulativa de viviendas. “Si el PSC está dispuesto a limitar la compra especulativa podemos llegar a acuerdos en esta materia concreta”, manifestó en una entrevista en TV3, donde también dejó claro que ven “muy lejos” un pacto con los socialistas –como el de ERC y los Comuns– para sostener la legislatura y que por ahora buscan “acuerdos concretos” como este en materia de vivienda.
Las dos propuestas similares del debate de política general rechazadas por el PSC
De hecho, Vega recordó que una de las dos veces que el PSC había votado en contra de sus propuestas fue en el pasado debate de política general. Los socialistas hicieron caer la propuesta de resolución de los anticapitalistas que, entre otras cosas, ya pedía “estudiar e impulsar un marco normativo para la prohibición de compras de vivienda que no estén destinadas al domicilio habitual del comprador, o bien para destinarlo a VPO, para evitar el desvío de las viviendas existentes a otros usos que hagan reducir la oferta destinada a la vivienda principal, así como desplegar un marco tributario suficiente para desincentivar el mantenimiento de la propiedad de viviendas destinadas a un uso diferente del residencial de manera habitual o temporal”.
Esta no es la única propuesta que los socialistas rechazaron sobre la posibilidad de prohibir la compra especulativa de vivienda. Además del texto de la CUP, el PSC también hizo caer una propuesta de resolución de los Comuns que pedía al ejecutivo “estudiar e implementar los cambios legales necesarios para prohibir las compras especulativas de vivienda, dentro de las competencias de la Generalitat de Catalunya, ya que estas inciden de manera determinante en el crecimiento de los precios de la vivienda y en las dificultades de muchas personas para poder acceder a una vivienda, sea de alquiler o de compra, a un precio asequible”. De hecho, los Comuns no tiran la toalla y advierten al Gobierno que esta cuestión para ellos es “crucial”. “La prohibición de las compras especulativas estará en la negociación de los presupuestos, si es que en algún momento comenzamos a negociarlos”, ha remarcado Jéssica Albiach, y ha dejado claro que la responsabilidad de sacar adelante la medida es de Illa y su ejecutivo.
El PSOE también vota en contra de una proposición no de ley para combatir esta práctica
Coincidiendo con la celebración del debate de política general en el Parlamento de Cataluña, el PSOE dejó caer en el Congreso una proposición no de ley de Esquerra Republicana sobre medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria. La propuesta de los republicanos planteaba tres ejes de actuación: fiscalidad justa para que pague más quien más tiene; una “regulación valiente” con topes reales de precios, límites a los alquileres temporales y prohibición de compra de viviendas a las personas que no residan en el Estado español; y también la ampliación del parque público de vivienda. “Especular con el techo de la gente debe salir muy caro. Y con ese dinero hay que invertir en parque público y vivienda asequible”, defendió la diputada republicana Etna Estrems durante su intervención en el pleno, donde dejó claro que la vivienda “debe dejar de ser una mercancía y debe ser un derecho”.
Asimismo, aseguró que los republicanos, a pesar de “los obstáculos y la negativa del PSOE”, continuarán trabajando para impulsar “medidas reales y valientes” que pongan fin a la crisis de la vivienda. De hecho, el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, pronosticó siete días después en la sesión de control al gobierno español en la cámara baja que el ejecutivo de Pedro Sánchez caerá por la vivienda. Así, subrayó que es un “derecho cada vez más caro” y que la raíz del problema es la especulación inmobiliaria. Por eso, propuso a Sánchez convertir la vivienda en un derecho fundamental según la Constitución, de manera que el sistema se base en “una familia, una casa”. “Quien quiera más casas, que pague”, sentenció Rufián, que insistió en la propuesta días después en una aparición en el programa La Revuelta de TVE.
¿Qué dice el informe encargado por el PEMB?
El informe que Illa dice que está estudiando el Gobierno lo elaboró Pablo Feu, jurista experto en Derecho Administrativo y Urbanístico y profesor en la Universidad de Barcelona, a petición del PEMB. Concluye que es legalmente viable la posibilidad de limitar la compra especulativa de vivienda cuando no se destine a un uso de residencia habitual por parte del comprador, pero esta medida solo se puede aplicar en zonas de mercado tensionado y con “carácter excepcional, territorial y temporal” para no desdibujar “el contenido esencial del derecho a la propiedad”, que queda recogido en el artículo 33 de la Constitución española. Además, el documento expone que la especulación va en contra del espíritu del artículo 47 de la constitución y “contribuye a vaciar los centros urbanos y elevar los precios por encima de la capacidad adquisitiva de la población”. Con todo, el informe contempla algunas excepciones para aplicar esta restricción. Por ejemplo, se debería permitir la adquisición de edificios enteros siempre que todas las viviendas se destinen a alquiler habitual, y no a usos temporales como los pisos turísticos, y también la compra de segundas residencias en un municipio diferente de la residencia habitual siempre que fuera para uso personal y no se destine a alquiler o inversión.
El jurista afirma que una norma como esta aplicada con carácter temporal, y si contempla las excepciones, “sería plenamente constitucional” porque cumpliría “el requisito de obedecer a una necesidad de urgente necesidad para evitar la lesión de los intereses generales y porque no impide el normal ejercicio de las facultades inherentes al derecho de propiedad, aunque limite las expectativas de máximo beneficio económico de la persona propietaria”. Esta medida se podría aplicar a través de un decreto ley del ejecutivo español o una ley específica, pero, en cualquier caso, serían las comunidades las encargadas de desplegar un marco normativo sobre la cuestión.
En el caso de Cataluña, según apunta el informe, se podría legislar directamente o incluir la medida dentro del planeamiento urbanístico existente. “De hecho, las leyes urbanísticas catalanas ya recogen la obligación de garantizar un desarrollo sostenible y cohesionado del territorio, lo que da cobertura legal para aplicar este tipo de instrumentos”, remarca la asociación sin ánimo de lucro, que, además, recuerda que los ayuntamientos “pueden tener un papel clave a través de su planeamiento urbanístico”. “Las leyes ya permiten a los ayuntamientos adoptar medidas complementarias para proteger el derecho a la vivienda”, subraya, y, en este caso, añade que “no sería necesario esperar que el Gobierno redacte una nueva ley, ya que solo se estaría concretando un límite que ya deriva de la función social de la propiedad, previsto en la legislación básica y autonómica”.
