La CUP, tras varias denuncias tanto en el Parlamento como en su actividad como formación, ha decidido llevar al parlamento catalán una iniciativa contra uno de los peores flagelos sociales, los accidentes laborales. Laure Vega y Dani Cornellà, firman una moción que se debatirá en la sesión de pleno de este jueves, cuyo objetivo es ordenar la política y la legislación para erradicar las muertes en el mundo laboral. La CUP contabiliza 314 vidas perdidas en 3 años y 1 muerte cada cuatro días en siniestros laborales.
La moción tiene por objeto tanto medidas de alto valor simbólico -como que el Parlamento abra los plenos haciendo un recuento de la siniestralidad laboral con un reconocimiento a los trabajadores afectados, como medidas concretas, cambios legislativos y reglamentarios, y reformular las contrataciones públicas teniendo en cuenta los datos de los accidentes. Uno de los puntos fuertes de la moción reclama al Gobierno y Parlamento solicitar la cesión total de las competencias legislativas en este ámbito a la Generalitat.
Por otro lado, la iniciativa insta al Gobierno a actualizar el cuadro de enfermedades profesionales incorporando patologías relacionadas con la salud mental y cardiovascular; o crear un registro de empresas sancionadas por incumplimientos graves o muy graves o actualizar los criterios de contratación pública. El texto también insta al Gobierno a pedir al ejecutivo del Estado que realice varios cambios normativos en materia de trabajo. Una de las novedades es el proyecto de creación de la «Contribución por la Seguridad Laboral (CSL)». Esto es, un tributo autonómico que penaliza a las empresas con alta siniestralidad laboral y bajas reiteradas relacionadas con los factores psicosociales y premiando a aquellas con buenos estándares de seguridad.
Enmiendas de los grupos
A pesar de ello, la moción se está negociando y la CUP se muestra sorprendida por la cantidad de enmiendas recibidas y la intención de pacto por parte de los grupos. De momento, el texto incorpora perfilar y detallar las «patologías propias» de trabajos o lugares de trabajo que normalmente realizan mujeres. Es decir, lo que se llama técnicamente «ocupaciones feminizadas». Por otro lado, la CUP defiende la creación del registro de empresas sancionadas en siniestralidad laboral así como de aquellas empresas referentes en materia de prevención de riesgos laborales, para fomentar la «promoción y contratación de aquellas que aseguran de manera efectiva el derecho a un entorno de trabajo seguro» y tener más puntos para acceder a contrataciones, ayudas o subvenciones. De hecho, también la publicación de las más sancionadas promovería la «disuasión» de las empresas que no cumplen con la normativa.
El texto también propone «crear un plan de formación avanzado en prevención de riesgos laborales para liberados sindicales, habilitándolos para realizar tareas de investigación y denuncia asimilables a los Inspectores Laborales similar al modelo suizo«. En este contexto, apuestan por promover esta figura en los convenios laborales. También incluyen la creación de la figura de los representantes «sindicales sectoriales» para pymes. Uno de los vectores clave de la moción aduce una vieja reivindicación: la coordinación entre el departamento de Salud con un sistema automatizado que pueda relacionar los datos de las bajas laborales con las empresas y establecer un sistema de alertas y sanciones vinculado a los riesgos psicosociales que alerte a la inspección de trabajo. Una de las demandas de la moción es aumentar los recursos humanos y técnicos para alcanzar la ratio de un inspector por cada 10.000 personas de población activa que recomienda la UE. Todas estas propuestas se están terminando de negociar de cara al debate de mañana por la mañana.
